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La UE adopta el intercambio automático a partir de 2017 sobre resoluciones tributarias
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea aprobaron hoy el intercambio automático de información a partir de 2017 sobre polémicas resoluciones tributarias, que a menudo ofrecen ventajas fiscales a multinacionales como ha destapado el escándalo LuxLeaks.
La directiva obligará a los Estados comunitarios a intercambiar información automáticamente sobre los pactos fiscales y los acuerdos de precios de transferencia que cierren, renueven o modifiquen con empresas a partir de 2017.
Antes de esa fecha, también se compartirán los pactos emitidos, renovados o enmendados entre 2012 y 2013, aún vigentes en 2014, así como los emitidos, renovados o enmendados entre 2014 y 2016, sean o no válidos aún.
Las resoluciones tributarias son aplicadas por muchos Estados miembros y en sí no constituyen un problema legal, pero sí moral y ético, al ser confidenciales y servir a las empresas para solicitar por adelantado a un país conocer qué tratamiento fiscal se les va a aplicar y obtener a menudo ventajas.
El caso LuxLeaks, que afectó al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en su primera semana de mandato, se remonta a los años en los que él encabezaba el Gobierno de Luxemburgo.
Ese país impulsó acuerdos secretos fiscales con multinacionales como Pepsi, IKEA o Deutche Bank, que permitieron a las empresas rebajar al mínimo los impuestos.
En virtud de la nueva directiva, los Estados miembros que reciban los datos en el intercambio automático podrán además pedir información adicional.
La Comisión podrá establecer un “directorio seguro central” donde se almacenará la información intercambiada y al que todos los países miembros tendrán acceso, así como el Ejecutivo comunitario, pero éste solo para utilizar los datos necesarios para asegurar que se aplican bien las normas.
Los países miembros tendrán la posibilidad de excluir del intercambio automático de información las resoluciones y los acuerdos de precios de transferencia concedidos a empresas con unos ingresos anuales menores de 40 millones de euros a nivel de grupo, si esos pactos fueron otorgados, enmendados o renovados antes del 1 de abril de 2016.
No obstante, esa excepción no se aplicará a compañías que se dedican principalmente a actividades financieras o de inversión.
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