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La UE, más cerca de limitar el geobloqueo en compras digitales

La UE, más cerca de limitar el geobloqueo en compras digitales

EFE

Bruselas —

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Los ministros de Competitividad de la Unión Europea (UE) dieron hoy un paso más para sacar adelante una normativa contra el llamado “geobloqueo”, los obstáculos injustificados a los que se enfrentan los consumidores a la hora de comprar bienes o servicios por internet a causa del lugar de origen.

Los ministros, reunidos en un consejo en Bruselas, acordaron su posición de cara a negociar a continuación con el Parlamento Europeo la regulación, que buscará frenar esta práctica discriminatoria que impide que los consumidores europeos puedan acceder y comprar en páginas web de tiendas establecidas en un Estado miembro diferente.

“El comprar en línea desde otro país de la UE de la misma manera que un local es algo que hoy esperan muchos ciudadanos”, subrayó el ministro eslovaco de Economía, Peter Ziga, cuyo país preside este semestre la Unión.

Ziga aventuró una “rápida apertura de negociaciones” con el otro colegislador, la Eurocámara, de manera que “potencialmente puedan cerrarse el año próximo”.

La iniciativa, propuesta por la Comisión Europea (CE) en mayo, pretende eliminar la discriminación en venta, precios o medios de pago por razones de nacionalidad o su lugar de residencia o establecimiento.

Según la posición del Consejo, el alcance de la legislación estará en línea con la directiva de servicios, que excluye ciertas actividades como la financiera, audiovisual, el transporte, la sanidad o los servicios sociales.

También cumplirá con las leyes comunitarias en vigor sobre ventas transfronterizas como las normas sobre derechos de autor o la cooperación judicial en asuntos civiles.

Los comerciantes no podrán discriminar entre clientes por lo que se refiere a los términos generales y condiciones -incluyendo los precios- para la venta de bienes o servicios en tres casos.

En concreto, cuando el producto se venda en un país en el que el comerciante ofrece el envío o puede recogerse en un punto acordado con el cliente, o cuando se proveen servicios por vía electrónica, como la computación en nube, almacenamiento de datos, alojamiento de sitios web o suministro de cortafuegos.

En este apartado no se incluyen los servicios que permiten el uso de obras con derechos de autor protegidos ni la venta de esas obras en formato tangible como libros electrónicos o música en línea.

El tercer caso hace referencia a cuando el comerciante ofrece servicios que el cliente “recibe” en el país en el que opera, como acomodación hotelera, eventos deportivos, alquiler de vehículos o entradas a festivales de música o parques de atracciones.

Los ministros señalaron igualmente que, a diferencia de la “discriminación”, la “diferenciación de precios no debería estar prohibida”, de forma que los comerciantes puedan ofrecer “diferentes condiciones de acceso”, incluyendo precios, a diferentes grupos de clientes en territorios específicos.

Además, los comerciantes no estarán obligados a entregar productos a consumidores de fuera del país en el que ofrecen envíos.

La regulación deberá prohibir igualmente la discriminación injustificada de consumidores por el medio de pago que utilice, por motivos de nacionalidad o lugar de residencia o establecimiento.

Los comerciantes tampoco podrán bloquear o limitar el acceso de clientes a sus páginas web por esas razones, y deberán dar “explicaciones claras” si ponen trabas al acceso o redirigen a los clientes a una versión diferente de web.

Los ministros defendieron algunas excepciones que permite la ley comunitaria de competencia, como los casos en que los comerciantes están sujetos a un contrato con su abastecedor que les obliga a restringir las llamadas “ventas pasivas”.

Así, la nueva regulación no se aplicaría en esos casos, consistentes en la respuesta a pedidos no solicitados activamente procedentes de clientes individuales, incluida la entrega de bienes o servicios a dichos clientes situados fuera de un territorio o grupo de clientes.

“La propuesta no va de obligar a los comerciantes a vender ni a regular los precios, sino de permitir a los consumidores que compran en otros Estados miembros disfrutar de las mismas condiciones”, indicó Ziga en una rueda de prensa.

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