UE condena el uso de cortes militares y arrestos sin garantías en Tailandia

La delegación de la Unión Europea (UE) en Tailandia expresó su preocupación hoy por los arrestos sin garantías que se practican en la país asiático tras el golpe militar del 22 de mayo de 2014 y el uso habitual de los tribunales castrenses para juzgar a civiles.

“Tailandia, como Estado firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tiene la obligación de cumplirlo”, señaló la misión de la UE en un comunicado que también “instó al Gobierno a limitar el uso de los tribunales militares a los delitos cometidos por los militares”.

“Como amigo y socio de Tailandia, la UE ha pedido reiteradamente el restablecimiento de la democracia y el levantamiento de la ley marcial. El imperio de la ley y la defensa y promoción de los derechos humanos son un elemento crucial para la estabilidad y el progreso”, concluye la nota.

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) pidió hoy al Parlamento de Tailandia que rechace un proyecto de ley que concederá más poder a los militares para detener civiles sin cargos y durante 84 días sin supervisión judicial.

La enmienda a la ley de tribunales militares se someterá a votación a finales de mes en el legislativo elegido a dedo por la junta militar que se hace llamar Consejo Nacional para la Paz y el Orden.

“El Gobierno de Tailandia intenta dar a los militares carta blanca para detener civiles (...) Consagrar la detención sin cargos y los juicios militares a civiles perpetuarán la dictadura”, advirtió en un comunicado el director para Asia de HRW, Brad Adams.

La junta militar, tras el golpe, formó un Gobierno, derogó la Constitución, reemplazó el legislativo electo por otro copado de uniformados y puso en marcha un proceso de reformas que debería culminar con la convocatoria de elecciones en una fecha que aún no ha sido fijada.

Además, sustituyó los tribunales civiles por militares para juzgar los delitos del Código Penal, incluidos los de lesa majestad y sedición, y declaró la ley marcial, lo que ha permitido detener a centenares de civiles que carecen de acceso a abogados y al derecho a recibir la visita de familiares.

HRW denunció que la enmienda tramitada en el Parlamento no garantiza ninguna protección contra la detención ilegal, y recordó que, según las leyes internacionales, los gobiernos tienen prohibido el uso de cortes militares cuando las civiles pueden funcionar con normalidad.