UPyD y Foro Asturias proclaman en el Congreso su rechazo al nuevo CGPJ, que atenta contra la separación de poderes

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y Foro Asturias han proclamado este martes en el Pleno del Congreso su rechazo al “reparto” de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactado por PP, PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y el PNV, porque, desde su punto de vista, atenta contra la separación de poderes y la independencia de la Justicia.

Así se han pronunciado ante el Pleno del Congreso antes de la votación mediante la que se ha elegido a los diez vocales que corresponde designar a la Cámara Baja la portavoz de UPyD, Rosa Díez, y el diputado de Foro Asturias, adscrito al Grupo Mixto, Enrique Álvarez Sostres. Ambos han anunciado su voto en blanco.

Díez ha arrancado su intervención con una cita del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cuando abogaba por cambiar el sistema de elección de los miembros del CGPJ alegando que el actual no se correspondía con “lo que quiso el constituyente” y que era un “error” que había que “corregir” para acabar con la politización de la Justicia.

La líder de UPyD ha dicho coincidir con aquella opinión de Gallardón de que éste es un sistema “perverso” y ha confirmado su intención de recurrir esta elección con un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y de pedir a la Defensora del Pueblo que también lo impugne.

Y es que, en su opinión, lo que ha hecho el Congreso es un “atraco a la democracia y un asalto a la Constitución” que vulnera una sentencia el Tribunal de 1986 y que ha dado lugar a una “cuadra” en la que cada uno de sus miembros tiene “nombre y 'sponsor'”. “Cada uno sabe quién le paga la carrera”, ha apuntado, incidiendo en que será “imposible hablar de democracia con mayúsculas y acabar con la corrupción política”, mientras este método de elección no se modifique.

MONTESQUIEU, A LA CÁRCEL

Por su parte, Enrique Álvarez Sostres, de Foro Asturias, ha denunciado que el “reparto” de los vocales supone “un gran atentando al entramado propio de la separación de poderes” y también ha recordado que el PP ha incumplido al promesa electoral que, en esta materia, realizó “machaconamente” antes de las generales de 2011. “Han mandado a prisión a Montesquieu”, ha proclamado, acusando a los partidos de utilizar el la elección de los vocales para “pagar favores”.

En nombre de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), su portavoz, José Luis Centella, ha explicado que su grupo apoya la candidatura de los cuatro juristas de reconocido prestigio --entre los que IU pactó una plaza--, pero opta por el voto en blanco a los seis jueces y magistrados que se han repartido 'populares' y socialistas' porque considera que “hay que hacer las cosas de otra manera”. “No puede haber convidados de piedra en este Parlamento”, ha sentenciado.

Por contra, desde el PP, el portavoz de Justicia, José Miguel Castillo, ha defendido que el proceso para la elección de los aspirantes se ha acomodado a los requisitos previstos y ha censurado “las graves descalificaciones” lanzadas desde UPyD, tanto sobre los vocales como sobre el proceso de designación. A su juicio, estas críticas sólo persiguen trasladar una visión “interesada” y “distorsionada” sobre la independencia del CGPJ y la constitucionalidad del sistema.

SOLO SUJETOS A LA LEY

Castillo ha argumentado que en la candidatura acordada por cinco grupos parlamentarios del Congreso concurren el “prestigio”, la “excelencia” y la “pluralidad” y que, por tanto, podrán cumplir “con solvencia” su compromiso de hacer que el órgano de gobierno de los jueces sea “el mejor posible, sin vinculación a ninguna decisión política y sujetos nada más que al cumplimiento de la Ley”.

El portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia, ha querido dejar claro que la independencia de la Justicia está garantizada por su función jurisdiccional pero que el Consejo del Poder Judicial no es un tribunal, sino un “órgano político” de gobierno de los jueces y, como tal, lo natural es que sea elegido por el Parlamento, que representa a todos los ciudadanos. “Lo que estamos haciendo es cumplir con una obligación constitucional”, ha recalcado.