UPyD pide que el Gobierno incluya en el Estatuto de la Víctima los derechos electorales de los exiliados por terrorismo

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que pide que los exiliados a causa del terrorismo gocen de reconocimiento y plenitud de derechos, con particular atención a los derechos electorales “que les fueron privados”, todo ello en el marco del Estatuto de la Víctima que ha puesto en marcha el Ministerio de Justicia.

El pasado mes de octubre, el Consejo de Ministros dio el visto bueno al anteproyecto de ley del Estatuto de la Víctima presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con el que el Gobierno tiene el objetivo de ampliar los derechos procesales y extraprocesales de las víctimas, estén o no personadas en la causa, y sin perjuicio de la legislación específica que se mantiene en casos de terrorismo o violencia de género.

Sin embargo, UPyD considera que las víctimas del terrorismo deben tener un tratamiento específico en esta ley, que pide que incluya los principios de verdad, memoria, dignidad y justicia y una muestra “clara” de apoyo y compromiso a las víctimas del terrorismo. Para ello, reclama en su iniciativa, recogida por Europa Press, que el Estatuto de la Víctima incluya una serie de recomendaciones realizadas el pasado año por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

La formación liderada por Rosa Díez recuerda que un número desconocido de personas, “aunque en todo caso muy numeroso”, se ha visto obligado a abandonar el País Vasco a causa de las amenazas terroristas, “constituyendo un auténtico destierro político completamente insólito en una democracia”.

Por ello, pide que este grupo de “exiliados” gocen de reconocimiento “y plenitud de derechos”, especialmente aquellos electorales “que les fueron privados” como consecuencia de tener que abandonar sus localidades de origen.

Además, pide que se establezca un sistema “permanente” de comunicación con todas las víctimas del terrorismo para que conozcan las decisiones “de ámbito general” que se adoptan en materia antiterrorista y “tengan voz” ante las administraciones respecto a las cuestiones que les afectan.

VOZ Y VOTO EN LOS BENEFICIOS O LIBERTAD CONDICIONAL

Esta información se amplía a los procesos penales, de los que UPyD quiere que las víctimas sean informadas con suficiente antelación y con la ayuda necesaria para asistir a ellos. Además, defiende que no deben compartir espacios en los edificios judiciales y tener “preferencia absoluta” para asistir a la vista.

La formación magenta pide además al Gobierno que las víctimas del terrorismo tengan la condición de parte y puedan intervenir en cualquier decisión que adopte el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria, tales como la concesión de beneficios penitenciarios o la libertad condicional.

De la misma forma, pretende que las asociaciones de víctimas puedan ejercer como acusación popular sin ninguna restricción, de modo que “la imposición de fianzas” no imposibilite sus actuaciones, y que las víctimas estén exentas del pago de costas procesales. También quiere que sean informadas “con precisión” de la situación penitenciaria del autor de su delito “mediante un procedimiento ágil y fácilmente accesible” y que sean oídas con carácter previo a cualquier medida relativa a la clasificación del preso.

En este sentido, pretende que antes de gozar de cualquier beneficio, los terroristas tengan que mostrar por escrito su arrepentimiento y que éste se objetive también mediante la colaboración en el esclarecimiento de los delitos cometidos.

UPyD cree fundamental que el Gobierno refuerce las acciones para evitar la impunidad del terrorismo e impedir la prescripción del delito y pide al Gobierno de Mariano Rajoy que iguale el trato en materia de indemnizaciones a todas las víctimas. También incluye reclamaciones en materia de becas de estudio, reserva de plazas en las pruebas de acceso a la función pública u honores y recomendaciones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

PP: DERECHOS HISTÓRICAMENTE DESATENDIDOS

Por su parte, el PP presenta otra proposición no de ley para que el Gobierno lidere un proceso que culmine en la adopción de un Estatuto Internacional específico para las víctimas del terrorismo en el ámbito de la ONU.

Los 'populares' reflejan que el reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas han sido “históricamente desatendidos” por la mayor parte de Estados y la ONU y tampoco la Unión Europea, con “muchas y muy graves” situaciones de terrorismo, ha adoptado ninguna norma específica.

Esto hace que, a su juicio, sea necesaria la construcción de un estatuto jurídico internacional de las víctimas del terrorismo, basado en un catálogo de derechos inherentes a la condición de víctima. Según refleja, hasta ahora las resoluciones de la ONU sólo incluye declaraciones de solidaridad sin obligatoriedad jurídica, cuando sí existen para las víctimas del delito, del abuso de poder, de violaciones de normas de derechos humanos, de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario y de desapariciones forzadas.

“No podemos olvidar que los terroristas atentan contra los ciudadanos de cualquier lugar del mundo convirtiéndoles en víctimas a fin de lograr su pretensiones políticas, incompatibles con la libertad, la convivencia en paz, el pluralismo y la democracia, convirtiéndoles en víctimas del terrorismo --sostiene el PP--. Por lo tanto, es necesario lograr el reconocimiento internacional de las víctimas de actos terroristas a través de una regulación específica que proteja y amplíe sus derechos a través de un Estatuto Internacional”.