UPyD pide que la financiación ilegal sea un delito específico en el Código Penal

El grupo parlamentario de Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado hoy en el Congreso una proposición no de ley en la que pide una reforma del Código Penal para introducir como un delito específico la financiación ilegal de los partidos y el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos.

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha señalado en declaraciones a los periodistas en el Congreso que en el debate contra la corrupción el tiempo de las declaraciones ha pasado y ha llegado el momento de acometer reformas legales para “combatir, prevenir y condenar” con dureza y eficacia estos delitos.

En este sentido, ha considerado que la corrupción política es una forma concreta de delincuencia organizada contra la que hay que actuar desde el Código Penal.

Así, ha recordado que todas las iniciativas que su partido ha presentado pidiendo reformas contra la corrupción han sido rechazadas por el resto de los grupos políticos y ha indicado que sin esos cambios legales no será imposible combatir estos delitos que hacen “demasiado daño” a la democracia.

En la proposición no de ley, UPyD pide que se sancione también como tipo delictivo autónomo en el Código Penal la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos en sus estados contables o patrimonio social, que deberían publicarse en un registro específico.

“Ya está bien de apelar a la presunción de inocencia y de decir que la inmensa mayoría de los políticos son honrados. Sí, pero con dos que no lo sean son demasiados y es demasiado el daño que se hace a las instituciones y al país”, ha dicho Rosa Díez, quien ha asegurado que su partido “no va a cejar en ese empeño”.

También ha afirmado que la única manera de combatir la corrupción es dotarnos de una Justicia independiente, lo que en su opinión es imposible mientras los miembros de los órganos judiciales sean acordados entre los partidos políticos y “en los despachos”.

Por ello, ha anunciado que requerirá que se rompa el acuerdo entre el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el PSOE para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Otra de las reformas que, a su juicio, deben acometerse es la modificación del sistema de concesión de indultos por parte del Ejecutivo, que hoy -ha recalcado- es totalmente “arbitraria”.

En alusión al caso del extesorero del PP Luis Bárcenas y sobre la falsificación de datos sobre su patrimonio o bienes por parte de personas que sean diputados o senadores, Rosa Díez, ha dicho que ese tipo de actuaciones tienen que ser perseguidas también por la Fiscalía.

“¿Qué diputado con un sueldo de diputado puede tener a lo largo de 20 años 22 millones de euros en Suiza?”, se ha preguntado.