UPyD denuncia presunta cesión irregular de terreno de Arganda a la EMV en 2004

El partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha denunciado hoy una presunta irregularidad cometida en 2004 en el traspaso de unos terrenos del municipio de Arganda a la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) de Madrid, que a su vez los vendió dos años más tarde a la promotora Martinsa-Fadesa.

En una nota de prensa remitida hoy, UPyD anuncia que pone en conocimiento judicial este caso de “cesión de terrenos de Arganda relacionados con Gürtel”, la trama corrupta que investiga la justicia en relación con diversas empresas que presuntamente se beneficiaron de fondos públicos mediante el soborno a funcionarios y autoridades de Madrid y Valencia.

UPyD dice que en abril de 2004 el Ayuntamiento de Arganda cedió “de forma gratuita” a la EMV una parcela -destinada a construir la llamada UE-124 o Área de Centralidad- “sin contar con la preceptiva autorización de la Comunidad de Madrid y sin condicionar la cesión al uso para fin público”.

Unos meses después, la EMV vendió el terreno a la promotora Martinsa-Fadesa por 77 millones de euros, y en 2006, “tras un cambio en el Plan Parcial por unanimidad del Pleno”, la promotora vendió un tercio de los terrenos por 73 millones de euros, de modo que casi se triplicó su valor“, explica UPyD.

En la nota de UPyD, su candidato a la Presidencia de la Comunidad y portavoz adjunto de la formación en la Asamblea de Madrid, Ramón Marcos, dice que la Comunidad de Madrid “consintió la expropiación del patrimonio de Arganda en beneficio de Martinsa-Fadesa y en contra de los ciudadanos”.

“Es una muestra más de presuntas irregularidades y mala gestión del Gobierno del PP que están soportando los madrileños”, añade Marcos.

Según UPyD, el Gobierno regional ha reconocido que no conoce el expediente relativo a esa operación y que “no existe tal autorización previa” para la cesión de los terrenos.

UPyD añade que “cuestiona este desconocimiento”, puesto que la ex presidenta regional Esperanza Aguirre dijo que conocía la operación en 2004, fecha en la que Francisco Granados relevó a Ignacio González en la Consejería de Presidencia, departamento responsable de emitir las correspondientes autorizaciones previas y controlar el patrimonio del suelo de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

El exconsejero Granados permanece encarcelado desde hace unas semanas después que fuera detenido en el marco de la operación Púnica como presunto cabecilla de una trama de corrupción que en los últimos dos años se adjudicó contratos de varios ayuntamientos y comunidades autónomas por importe de 250 millones de euros.

El sábado pasado, UPyD puso en marcha una campaña denominada “Desenchufa al corrupto” con la que recorrerá hasta febrero próximo diversos municipios de la Comunidad de Madrid llamando a los ciudadanos a que “no se resignen a ser gobernados por corruptos”.