Unanimidad en el Parlamento de Cantabria para pedir al Gobierno que regule el cannabis terapéutico

Los cinco grupos políticos del Parlamento de Cantabria (PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos) han unido este lunes sus votos para demandar al Gobierno de la Nación que deje atrás los “prejuicios”, tenga en cuenta las “evidencias científicas” y “regule” y “facilite” el uso del cannabis medicinal “porque el dolor no puede esperar”.

Con el consenso de todos los grupos, el Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado una proposición no de ley para demandar esta regulación del uso de estos tratamientos terapéuticos con cannabis y derivados que se lleven a cabo “bajo estricta indicación y supervisión médica”.

La iniciativa ha llegado ya al Pleno suscrita por todos los grupos y ha sido defendida por el diputado del PP Eduardo Van den Eynde, enfermo de cáncer y que hace un par de meses saltó a la actualidad pública de toda España tras haber publicado en su perfil en una red social un escrito pidiendo la regulación del cannabis terapéutico.

Este lunes Van den Eynde ha denunciado el “estigma” que hay en España sobre esta cuestión y ha aludido como causas a “prejuicios culturales” e “ideológicos” con unos orígenes “que se hunden en la noche de los tiempos”.

Ha reivindicado que el cannabis --que él mismo ha reconocido emplear para paliar los efectos de su enfermedad y de los tratamientos que recibe para tratarla-- no tiene efectos más adversos que otros medicamentos que sí se permiten y ha subrayado que su potencial adictivo es menor que, por ejemplo, algunos antidepresivos o el alcohol y la droga.

Van den Eynde ha aclarado, sin embargo, que el cannabis “no es la pócima que todo lo cura” ni es una “terapia adecuada a todas las patologías”.

En la proposición no de ley se reclama que se regule o facilite el acceso a tratamientos con cannabis o derivados “para aquellas patologías en las que haya demostrado eficacia o si el facultativo lo considere necesario”.

Además, tanto Van den Eynde como otros portavoces de los grupos parlamentarios han aludido a la “inseguridad jurídica” que genera el hecho de que el cannabis terapéutico no esté regulado.

Como ejemplo, el diputado del PP ha explicado que, actualmente, cuando acude a buscar su tratamiento y lo transporta hasta su casa, si le paran podría ser objeto de multas o ser acusado, incluso, de un ilícito penal, una situación que hace que el enfermo tenga que convertirse en momentos como este en un “presunto delincuente”, algo que ha considerado “tremendo”.

Van den Eynde y los portavoces de los otros grupos también han citado otros perjuicios que genera la actual falta de una regulación específica, aludiendo a las dificultades de acceso al medicamento y haciendo que el enfermo tenga que adquirirlo en “clandestinidad”, sin garantías de calidad o sin control de dosis.

Así, en la proposición no de ley aprobada se insta al Gobierno de España a “establecer puntos de venta controlados” y “delimitar las redes logísticas con la seguridad necesaria para evitar un uso fruudulento o ilegal del cannabis medicinal”.

También se pide que regular las especificaciones legales y técnicas para el cultivo controlado de este producto y su posterior utilización medicinal con los niveles de calidad, trazabilidad y seguridad necesarias.

Además, se reclama la regulación de las “especificaciones legales y técnicas para el cultivo controlado de ese producto y su posterior utilización medicinal con los niveles de calidad, trazabilidad y seguridad necesarias”.

En la propuesta de resolución de la proposición no de ley se reclama, además, establecer un sistema de evaluación de los impactos en la salud publica, especialmente de la calidad de vida de pacientes tratados con estos tratamientos con cannabis.

Dicha propuesta de resolución se completa con la petición de crear, en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, de una Ponencia de Estudio sobre los posibles usos del cannabis.

Además, varios de los portavoces de los grupos parlamentarios han confiado en que esta iniciativa sea un “ejemplo” y sea seguido en otras instituciones.

Así, por ejemplo, el diputado de Ciudadanos Rubén Gómez ha esperado que el consenso que esta propuesta ha encontrado en el Parlamento de Cantabria “se traslade a nivel nacional”.

LA SUBCOMISIÓN EN EL CONGRESO, UN “TRIUNFO AGRIDULCE”

Durante el debate de esta iniciativa ha salido a relucir el acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados para crear, dentro de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, una subcomisión que analice la posible regulación del uso terapéutico del cannabis.

El propio Van den Eynde ha opinado que la creación de esta subcomisión, de la que su partido, el PP votó a favor, fue un “triunfo agridulce”.

Y es que ha reconocido que la creación de la subcomisión “va a ser una demora en el tiempo”, algo que le parece “cruel e irresponsable”, pero ha opinado que “las perspectivas podían haber sido peores”, que era el haber trasladado el debate a la Comisión sobre Drogas.

Así, se ha felicitado de que la subcomisión se haya creado en el seno de la Comisión de Sanidad. “Estamos hablando de medicamentos y de medicamentos se habla en la Comisión de Sanidad”, ha señalado Van den Eynde, que ha agradecido al resto de grupo el “haber hecho posible” la propuesta y su “especial sensibilidad” por dejar que él presente una iniciativa que es “de todos”.

Esta iniciativa ha sido aprobada con el apoyo de 34 de los 35 diputados de la Cámara regional, todos los presentes, ya que en la sesión de hoy no ha asistido la presidenta del PP de Cantabria y diputada, María José Sáenz de Buruaga.

PERSONAL OBLIGATORIO EN LAS GASOLINERAS

Con el mismo resultado, en el Pleno de hoy se ha aprobado una proposición no de ley del PP, para reclamar al Gobierno de Cantabria que promueva una iniciativa legislativa que obligue a las gasolineras a que exista “siempre personal, debidamente formado, durante todo su horario de apertura”.

La iniciativa ha sido defendida por el diputado popular Ignacio Diego, expresidente de Cantabria, en su primera intervención parlamentaria desde que ha dejado de ser líder del PP en la comunidad autónoma.

En su intervención, ha advertido de la problemática que genera que se permitan este tipo de instalaciones de servicio de carburantes desatendidas en distintos ámbitos: medio ambiental, de seguridad o del empleo, entre otras.

Así, por ejemplo, en la iniciativa se defiende que el tipo de producto que se suministra en estas instalaciones es “peligroso y contaminante” y debe suministrarse con “medidas de seguridad que garanticen la correcta utilización” de los mismos. Además, también ha alertado de que puede tener efectos negativos en el empleo en el sector, así como perjudicar a derechos de los consumidores.

Aunque los portavoces del resto de grupos se han mostrado de acuerdo con la problemática advertida por el 'popular' varios de ellos han llamado la atención en el hecho de que sea el PP y Diego quien plantee esta iniciativa.

Muchos de ellos han coincidido en recriminar a Diego su preocupación por el empleo en el sector de las gasolineras después de que durante su etapa como presidente del Gobierno de Cantabria implantara el 'céntimo sanitario', un impuesto que, según han señalado, generó descensos de las ventas y tuvo efectos negativos en el empleo en el sector, que pasó de dar trabajo a mil personas a dejarlo en poco más de 600.

“Esa fue su contribución al empleo del sector”, ha censurado el portavoz del PRC, Pedro Hernando.

Diego ha justificado la implantación del 'céntimo sanitario' por la situación de “quiebra”, “ruina” y “desastre económico” que se encontró a su llegada al Gobierno regional generada, según ha insistido, por el primer bipartito PRC-PSOE.