Urkullu apela al Estado a trasferir competencias por lealtad constitucional

El lehendakari Iñigo Urkullu ha apelado al Gobierno a materializar las trasferencias de las competencias recogidas en el Estatuto de Gernika y aún pendientes, “por lealtad constitucional” y para recuperar la confianza institucional.

En su intervención durante la Apertura del Año Judicial 2018 en Bilbao, Urkullu ha hecho ese llamamiento a la búsqueda de consensos, tras hacerse público que los gobiernos central y vasco no han logrado hoy cerrar un acuerdo sobre la transferencia a Euskadi de las competencias sobre la gestión de una autopista y de dos líneas de ferrocarril, en la ponencia técnica de la Comisión Mixta de Transferencias reunida durante dos horas y media.

El lehendakari ha defendido que “casi 40 años después de la aprobación del Estatuto de Gernika”, las demandas sobre su cumplimiento deben ser atendidas.

Pero, ha aclarado, “no se trata de ningún ultimátum”, sino “de un llamamiento a la lealtad” y “también a la lealtad Constitucional”.

Así lo entendió el propio Tribunal Constitucional hace casi 30 años en la sentencia 209/1990, donde resolvía, ha recordado el lehendakari, que “la lealtad constitucional obliga a todos y es el Gobierno, máximo responsable de la finalización efectiva del reparto de competencias, quien debe extremar el celo para llegar a los acuerdos en la Comisión Mixta”.

Es por tanto, ha continuado, el propio el Tribunal Constitucional, máximo órgano judicial garante de su interpretación, el que da amparo a una reclamación política y también legal.

“Apelo al Gobierno Español a extremar el celo y facilitar los acuerdos para zanjar una situación de provisionalidad contraproducente para ambas partes” y que “contraviene la observancia de la Constitución y el Estatuto de Gernika”, ha manifestado.

“Estoy convencido de que la disposición al diálogo, el entendimiento y el acuerdo que hemos expresado podrá concretarse en breve en leal cumplimiento del autogobierno reconocido”, ha sentenciado el lehendakari.

A su juicio, “sería un paso positivo en la senda de la recuperación de la confianza en la que nos debemos implicar todos los poderes públicos”.