Uruguay ve en la JIFE una actitud “más abierta” ante su política de drogas

El comité estatal que evalúa la ley de la producción y compraventa de marihuana en Uruguay ve una actitud “más abierta” en la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU (JIFE), que en los últimos años vertió duras críticas a la norma uruguaya y cuyo presidente está en el país analizando la regulación.

El presidente de la JIFE, el alemán Werner Sipp, llegó el miércoles a Montevideo, encabezando una delegación del organismo de la ONU dedicado al control de los estupefacientes, la cual mantuvo varias reuniones de carácter reservado con encargados de las políticas de drogas en el país.

La visita se realiza después de que en marzo la JIFE reiterara su “honda preocupación” por el hecho de que el Estado suramericano se convirtiera en 2013 en el primer país en legalizar la compraventa y distribución del cannabis.

Según explicó hoy a Efe Luis Yarzábal, presidente del Comité Científico Asesor (CCA), creado por la Junta Nacional de Drogas (JND) como supervisor de las políticas de regulación del mercado de la marihuana en el país, el motivo de la visita la JIFE era analizar los pormenores de la ley uruguaya.

“En lo especifico al CCA (...) se hizo un intercambio muy profundo de cada uno de los estudios que el comité había recomendado y el dialogo con los tres integrantes fue muy abierto y esclarecedor”, añadió Yarzabal, quien se reunió con Sipp.

No obstante, remarcó que la actitud del actual presidente es “muy diferente” al posicionamiento crítico de su predecesor, Raymond Yans, en cuyo mandato se esgrimieron los informes desfavorables hacia la innovadora norma uruguaya que, impulsada por el expresidente José Mujica (2010-2015), pretende entre otros fines, luchar contra el narcotráfico.

En su informe de 2014, la JIFE, que vela por el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de drogas, vaticinó que el paso dado por Uruguay “afectará negativamente a (...) la lucha contra la droga”, en especial contra la marihuana, en otros países.

En el estudio, instó al Ejecutivo uruguayo a elaborar “medidas eficaces y exhaustivas de fiscalización de drogas” (...) “cuyo objeto sea reducir la demanda ilícita de drogas”.

No obstante, la JIFE ya había advertido a Uruguay, antes de la aprobación de la controvertida ley, de que violaría los convenios internacionales suscritos.

Ahora, según Yarzabal, la JIFE prepara el informe de 2015 y “entendieron conveniente” conocer in situ “lo que Uruguay está haciendo”, añadió al afirmar que la delegación no les adelantó el contenido del nuevo estudio.

Es así que el presidente del CCA valoró que la posición de la JIFE haya pasado de ser “una crítica rígida e insensible sin tomar en cuenta los argumentos de Uruguay” a una posición “diferente donde quieren conocer a fondo las características de la política”.

La doctora en Ciencias Sociales Susana Mallo, también integrante del CCA, del que participan académicos, profesionales y científicos, añadió que la sensación que le quedó “es que estuvieron muy correctos en aceptar que se puede hacer las cosas de otra manera” en el proceso de legalización de la marihuana.

Asimismo, Mallo dijo que notó en Sipp “una actitud más abierta que la del anterior presidente”.

Según informaron a Efe fuentes de la Junta Nacional de Drogas, además de con el CCA, la delegación de la JIFE, que por el momento no ha ofrecido declaraciones, mantuvo el miércoles diversos encuentros privados, entre otros, con el presidente de dicha junta nacional, Juan Andrés Roballo.

Hoy están previstas reuniones, también reservadas, con el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y una visita al sistema de atención médica que Uruguay ha instrumentado para brindar atención en el área de drogas.

“Al culminar el encuentro con el CCA señalaron que les resultaba particularmente importante la apertura con la cual Uruguay los había recibido, la transparencia en el manejo de la política”, agregó Yarzábal.

También destacó que advirtieron como un hecho “muy positivo” que el Gobierno recurra para evaluar la política al asesoramiento de un comité científico independiente que asegura “un análisis objetivo”.