Varela resalta los avances de su Gobierno y retoma la idea de una reforma constitucional

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, aseveró hoy que su Gobierno “está avanzando” con la ejecución de proyecto millonarios y programas sociales, y que se consolida en el país una democracia “funcional” que buscará reforzar con el impulso de una reforma constitucional.

En un discurso de unos 30 minutos ante el Parlamento por sus dos años de Gobierno, Varela repasó los logros de su Administración, que finalizará en 2019, y anunció sus planes inmediatos, entre ellos la retoma de la propuesta de reforma constitucional, una de las promesas de campaña que había dejado de lado hace un año.

“A partir de este momento y durante el próximo año trabajaremos una hoja de ruta, de forma y de fondo, para hacer las reformas necesarias a nuestra Constitución Nacional”, dijo el gobernante, sin referirse al método ni establecer plazos para lograr esos cambios.

La Constitución panameña, vigente desde 1972 y cuya última reforma se remonta a 2004, puede ser cambiada mediante una Asamblea Constituyente Paralela, un referendo popular, o porque los discutan dos legislaturas parlamentarias distintas.

Varela dijo que impulsará las reformas constitucionales para “garantizar” que los resultados de los diálogos con los distintos gremios y la clase política, que están generando “cambios importantes para fortalecer” los sistemas de salud, educación y los gobiernos locales, “no sólo sean logros de un gobierno sino de todo el país”.

“En materia de política exterior, mantendremos una posición firme ante los países que insistan en incluir a Panamá en listas que afectan la imagen de nuestro país”, dijo el gobernante, en la única alusión que hizo al escándalo conocido como papeles de Panamá.

Esa filtración masiva de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca ha levantado sospechas de ocultación de riquezas de personalidades de todo el mundo supuestamente para evadir impuestos.

Reconoció que quedan muchos retos pendientes en materia de educación y salud, así como lograr consensos sobre el destino que se debe dar a los recursos que se espera genere la ampliación del Canal de Panamá inaugurada en pasado domingo.

Respecto al desempeño del Ejecutivo, el gobernante resaltó que ha “iniciado obras por 8.000 millones de dólares y reactivado proyectos por más de 1.000 millones”.

Los planes del Gobierno “están avanzando” con la construcción de la Línea 2 del Metro, de la primera planta de generación de energía a base de gas natural licuado en América Central, de miles de viviendas de interés social, y la renovación de escuelas, entre otros proyectos.

La economía, que se expandió 5,8 % en 2015, “continúa creciendo, los precios de canasta básica se encuentran estables, la producción de alimentos está aumentando y los índices de delincuencia están bajando”, expresó.

Varela, líder del Partido Panameñista, con 16 de los 71 escaños parlamentarios, resaltó que la “principal obra” que espera dejarle a Panamá es “una democracia funcional (...) con un gobierno honesto que implementa proyectos con transparencia, visión de Estado y criterio social”.

Eso en contraste con administraciones pasadas, que se movían “sin planificación ni transparencia, donde los políticos y allegados al poder abusaban de la autoridad y el Tesoro nacional se utilizaba” para el beneficio particular, dijo, en clara alusión al Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

El Ejecutivo de Varela ha presentado más de 200 denuncias contra exfuncionarios de Martinelli, y el propio expresidente, quien vive en Estados Unidos, afronta al menos 6 causa penales, una de ellas por escuchas ilegales que incluye una orden de detención en su contra dictada por el Supremo panameño.

“Reconozco que corregir las irregularidades del pasado ha tomado más tiempo de lo esperado, pero hoy Panamá es testigo de grandes proyectos que se llevan a cabo de manera honesta y transparente, con más proyectos en camino para este año”, aseveró.

Una crítica recurrente contra Varela es la lentitud de la inversión pública así como el tiempo que ha dedicado a lo que el Gobierno considera limpiar las cuentas públicas y sus detractores tildan de “persecución política”.