Varias organizaciones insisten en denunciar las multas “persecutorias” a las prostitutas

Varias organizaciones sociales han vuelto a denunciar las multas “persecutorias” impuestas a las mujeres que ejercen la prostitución en las carreteras, que han calificado de “terroríficas”, porque sitúan a las afectadas en una situación de mayor vulnerabilidad social de la que usualmente tienen.

La medida se impuso en Cataluña hace poco más de un año mientras que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó que el Gobierno estudiaba incluirla en la reforma del Código Penal para endurecer la lucha contra la prostitución.

En este periodo, los Mossos d'Esquadra han puesto más de mil denuncias a prostitutas y clientes, pero, hasta el momento, el Servicio Catalán de Tráfico solo ha cobrado una treintena de multas de unos 2.000 euros cada una de ellas.

En cualquier caso, las sanciones parecen haber dado resultado porque el departamento de Interior aseguró en junio que se ha conseguido con esta actuación reducir un 50 % la prostitución que se ejerce en las carreteras de Cataluña.

Sin embargo, las organizaciones sociales vinculadas con la prostitución insisten en que multar a las meretrices no es la solución, ya que en el 90 % de los casos se practica de forma forzada.

Carmen Britz, portavoz del colectivo Hetaira por la defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo, ha denunciado, en declaraciones a Efe, que “esta persecución de las instituciones a las prostitutas lo único que genera es mayor desprotección sobre ellas”.

Sólo el 2 % ha pagado las sanciones, “a pesar de ser las más multadas”, según Britz, porque al no tener cuentas, trabajar para terceros y no tener residencia fija consiguen eludir estos pagos.

“Qué estés intentando ganarte la vida y estén multándote a ti y a tus clientes nos parece una barbaridad”, ha comentado la portavoz, para quien el hecho de que estas mujeres no abonen las multas no resta gravedad a esta actuación administrativa.

Britz ha recordado que “no pueden tener un domicilio fijo, ni cuentas corrientes como el común de los mortales, y eso va en detrimento de las condiciones laborales de las mujeres que ejercen” la prostitución.

El coordinador estatal de salud de la Fundación Triángulo, Raúl González, ha hablado de este grupo como “un colectivo muy vulnerable con una situación muy precaria y, según qué grupos, con una prevalencia del VIH muy alta”, por lo que, a su juicio, no es admisible que se le penalice aún más.

González ha asegurado a Efe que la mayor parte de los clientes paga las multas “al instante” para que no se notifiquen. “Lo pagan cuanto antes para dejar el menor rastro administrativo”, ha matizado.

Los expertos han coincidido en que para los agentes es más sencillo sancionar a las prostitutas que a los clientes, dado que las localizan fácilmente junto a los arcenes mientras que los clientes pasan rápido, lo que hace más injusta la situación.

La Asociación Faraxa por la abolición de la prostitución ha declarado, a preguntas de Efe, que “las víctimas son las personas que ejercen la prostitución y mientras exista demanda de tales servicios sexuales existirá una oferta de personas”.

Además, ha considerado que la medida a proponer sería la “penalización de las personas que consumen prostitución y de aquellas que se benefician económicamente del ejercicio de la misma”. El 6 % de los españoles consume estos servicios, en los que gastan 18.000 millones de euros anuales.

El colectivo Hetaira pregunta en qué se utiliza el dinero que se está recaudando con las multas porque, para ellos, tendría que destinarse a “generar una mejor situación entre personas que ejercen la prostitución” y “no para empeorar sus condiciones”.

“Lo que habría que conseguir es que entre los ayuntamientos y las mujeres -ha opinado Britz- se pudiese llegar a un entendimiento para ver en qué lugares sí podrían ejercer sin que ocasionaran un estorbo para los vecinos, pero que de alguna manera ellas pudieran tener su fuente de ingresos”.

Al margen de las sanciones de Cataluña en las carreteras, al menos una docena de grandes ciudades españolas tienen ya regulada mediante ordenanzas municipales la prostitución callejera, con multas a clientes y meretrices que van desde los 750 a los 3.000 euros.

Inés Pérez-Pla.