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Interior rechaza el recurso de Verstrynge contra la multa por el escrache a Sáenz de Santamaría

El politólogo y varios activistas de la PAH fueron multados por la Delegación del Gobierno con 1.500 euros por participar en mayo de 2013 en un escrache ante la vivienda de la vicepresidenta

Los abogados de Legal Sol, que llevan sus casos, recurrirán a la vía judicial, pero los sancionados tendrán que dejar en depósito el dinero de las multas hasta que haya sentencia firme

Un juez abre diligencias contra Verstrynge por el escrache a la vicepresidenta

Jorge Verstrynge, durante el escrache a la vicepresidenta del Gobierno.

El Ministerio del Interior ha rechazado el recurso presentado por Jorge Verstrynge contra la multa de 1.500 euros que le impuso la anterior delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por participar junto a un grupo de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en un escrache frente a la vivienda de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Los hechos ocurrieron a principios de abril de 2013 y todavía siguen coleando. En aquel acto participaron medio centenar de personas, de las cuales finalmente fueron sancionadas diez. La mayoría de ellas fue por infracciones graves, acusadas por la policía de ser “organizadores o promotores” de la convocatoria.

Tras su detención, Verstrynge negó la versión dada por los agentes que acudieron a disolver la concentración: "Es mentira. Yo no he organizado nada. Estaba allí para acompañar a mi mujer. Yo no suelo ir habitualmente a escraches, ni mucho menos los organizo". "Fue una manifestación pacífica. En ningún momento hubo agresiones ni insultos y eso lo sabe todo el mundo que estuvo allí. También la policía. Lo que es una pura y burda provocación es que la Delegación del Gobierno dé órdenes de pedir carnés de identidad y provoque el nerviosismo entre los ciudadanos que nos habíamos congregado allí una vez desconvocado el acto", añadió el politólogo y tertuliano.

Tanto a Verstrynge como a los demás multados se les aplicó por aquella acción el artículo 23/C de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 1992 –la llamada ley Corcuera– por participar en una concentración no comunicada con anticipación. En el escrito de desestimación del recurso, sin embargo, se afirma que se trató de “una concentración ilegal”, algo que para los abogados de Legal Sol, que se han hecho cargo de las defensas, es “una confusión interesada para disuadir a la gente de que participe en protestas”.

Una de las abogadas de este colectivo, Sara López, asegura a eldiario.es que no se van a rendir y que el siguiente paso va a ser presentar una demanda ante el juzgado contencioso-administrativo. No obstante, tanto Vestrynge –que aseguró entonces que no iba a abonar la multa– como los activistas de la PAH tendrán que abonar los 1.500 euros, que quedarán en depósito hasta que haya sentencia judicial firme. Si no lo hacen, podrían sufrir un embargo.

La abogada se muestra optimista ante esta nueva fase en la que han entrado estos casos o están a punto de entrar, porque las notificaciones están llegando escalonadamente. Según explica, hasta ahora el equipo del que forma parte ha logrado ganar un porcentaje muy elevado de las causas que llevan, “que por desgracia son centenares”, puntualiza.

“Detrás de todas estas sanciones solo hay una política recaudatoria a costa de perseguir a la gente. Pero lo más lamentable de todo es que saben que imponer sanciones tan elevadas es precarizar la economía de muchas familias que lo están pasando muy mal con la crisis, que tienen motivos para protestar y todo el derecho a manifestarse”, asegura López.

La abogada explica que desde el 15 de mayo de 2011, cuando el descontento social estalló y se trasladó a la calle con el nacimiento del movimiento 15M, hasta la fecha la Delegación del Gobierno ha recaudado 340.200 euros, “tres veces el sueldo anual de Ana Botella”.

En declaraciones a eldiario.es, Verstrynge ha asegurado: "Este tipo de condenas y multas me recuerdan a la administración de Justicia de la Revolución francesa, en la que el rey, saltándose a los jueces, mandaba a la Bastilla mediante una misiva suya a aquellos que le molestaban sin casi posibilidad de recurso, excepto la gracia real".

"En España –ha añadido–, como los jueces parecen cada vez menos dispuestos a respaldar arbitrariedades, el Gobierno, rompiendo con ello con el principio de separación de poderes, procede a la vía administrativa para quitarse de en medio a los que molestan, solo que en ella la carga de la prueba no recae sobre el fiscal (el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y en última instancia zanja el juez), sino sobre el acusado. Él es quien debe demostrar su inocencia y no frente al arbitrio judicial sino frente a un mero antidisturbios que, como todo el mundo sabe, es un 'campeón' en eso de la objetividad, demostración palmaria de cómo también está degenerando la Administración de Justicia".

Verstrynge está pendiente también de ver qué pasa con los tres años y medio de cárcel y los 3.000 euros de indemnización por supuestas lesiones a un policía que le pide la Fiscalía por participar el 19 de junio de 2014 en una concentración republicana el día de la coronación de Felipe VI.

Verstrynge fue detenido aquel día por la policía junto con varios jóvenes para los que el fiscal pide también penas que oscilan entre los dos años y los ocho meses de prisión, además de diferentes multas en concepto de  “responsabilidad civil” por "lesiones".

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