El juez del caso Villarejo acusa a la Fiscalía de hacer investigación “prospectiva”

El juez del caso Tándem, Diego de Egea, afirma en un auto que la Fiscalía Anticorrupción está haciendo una investigación de “carácter prospectivo” en relación a un bufete que contrató al excomisario José Villarejo, cuyos miembros, reitera, no sabían que la información que les daba la obtenía de forma ilegal.

En un auto al que ha tenido acceso Efe en el que confirma el levantamiento de la imputación de cuatro socios y directores del despacho de abogados Herrero & Asociados que contrataron en 2013 a Villarejo para investigar a un bufete de la competencia, el juez critica la investigación que hace la Fiscalía en esta pieza del caso, llamada Iron.

De Egea pone como “ejemplo sintomático” del “carácter prospectivo de la investigación dirigida por la Fiscalía” unos pagos internacionales que hizo el bufete y que los fiscales, cuando pidieron al juez el registro al despacho, sospechaban que podían responder realmente a abonos al excomisario.

A este respecto, el magistrado indica que ha quedado “sobradamente documentado” que estos pagos “responden obviamente al giro o tráfico de una empresa dedicada al registro internacional de patentes y nada tienen que ver” con Villarejo.

“Lo lamentable del caso -prosigue el juez criticando a la Fiscalía- es la situación de sospecha en un periodo tan prolongado de tiempo y con tan escaso material probatorio para comprometer tan gravemente la actividad de una empresa asentada desde hace más de 30 años en el sector y con una reputación intachable, sin el mas mínimo indicio de una actividad delictiva más que solo el del destino de los pagos realizados”.

El magistrado, que también archivó el caso para el excomisario de Barajas Carlos Salamanca, imputado en otra pieza, insiste en que no existen “unos mínimos indicios racionales y objetivos” contra los cuatro miembros del bufete que contrataron a Villarejo.

La Fiscalía recurrió todos estos archivos, pendientes de decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque este auto del juez, fechado el pasado martes, no contesta al ministerio fiscal sino a un recurso del bufete investigado por Villarejo por encargo de Herrero & Asociados.

Este despacho rival alegó que de las grabaciones y otros archivos intervenidos a Villarejo se extrae que los miembros de Herrero & Asociados “conocían la doble condición de funcionario público” del excomisario metido a detective privado y por eso pagaron “cantidades exorbitantes que demostraban la opacidad de los trabajos encargados”.

En una de esas grabaciones, el propio Villarejo alardeó con una socia del despacho de su condición: “Yo soy comisario de Policía, pero hombre, me siguen llamando, pero los cabrones de los gobiernos pagan poco, me piden ayuda... a cambio de eso yo cuando necesito un dato delicado me lo dan ...”.

Sin embargo, para el magistrado estas cuatro personas “desconocían los medios que se utilizarían por parte de la agencia de Villarejo, por entender, por lugar común, que aquellos tenían las herramientas y métodos necesarios para hacer una completa y exhaustiva investigación”

El juez pone el foco en que “no consta acreditado que los investigados solicitasen la contratación de actuaciones ilícitas”, aunque reconoce que los informes que les daba Villarejo “podrían ser indicios de la irregularidad de la actuación de Cenyt”, la agencia de detectives del excomisario.

Pero, insiste, “lo que no consta en ningún caso es que estos servicios respondieron a lo realmente requerido y contratado, ni que satisficieran sus necesidades”.

“A lo más”, insiste, “acreditarían el conocimiento del carácter de la información reservada que se facilitaba, pero no existe un nexo de causalidad con el contenido de la prestación convenida”.

Respecto al “carácter exorbitante” de lo pagado a Villarejo (625.000 euros presupuestados, aunque presumiblemente pagaron la mitad a cuatro empresas del excomisario), el juez cree que hay otros trabajos que realizó para Herrero & Asociados que pueden justificar el dinero, como un informe de seguridad informática de la empresa o la reordenación de su red informática interna.