Violadores de los DDHH en Chile seguirán en cárcel militar, dice el Gobierno

Los violadores de los derechos humanos encarcelados en Chile seguirán cumpliendo sus condenas en una prisión especial pero sin privilegios, pues sería peligroso juntarlos con presos comunes, afirmó hoy el ministro chileno de Justicia, José Antonio Gómez.

“La segregación y la separación la seguiremos manteniendo, pero no como un privilegio”, sostuvo el ministro en un encuentro con corresponsales extranjeros.

La cárcel de Punta Peuco, a unos 35 kilómetros al norte de Santiago, es actualmente el único recinto penal del país que acoge exclusivamente a violadores de los derechos humanos condenados por crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Asociaciones de víctimas han pedido el cierre de esa cárcel con el argumento de que los reos tienen privilegios y mejores condiciones de vida que el resto de la población penal.

Goméz subrayó hoy que no tiene previsto clausurar Punta Peuco.

“Para nosotros cerrar o mantener Punta Peuco no está en discusión. Es un penal, cuenta con las condiciones de un penal y las restricciones que tienen todos los recintos penales hoy en día”, sostuvo.

El ministro reconoció que durante varios años los presos de Punta Peuco gozaron de ciertos privilegios, aunque esa situación ha cambiado y ahora el recinto tiene “las características de una cárcel”.

El anterior presidente chileno, Sebastián Piñera (2010-2014), cerró el año pasado el penal Cordillera, un recinto en el que estaba recluido un pequeño grupo de condenados por violaciones de los derechos humanos que contaban con todo tipo de comodidades.

Los reclusos, entre los que se encontraba el exgeneral Manuel Contreras, condenado a casi 400 años de prisión, fueron trasladados a Punta Peuco.

Sobre las investigaciones y los juicios de crímenes cometidos en la dictadura, el ministro de Justicia destacó el avance de esas causas gracias al trabajo y la dedicación de los jueces.

En este ámbito, sin embargo, los tribunales han topado con “trabas y dificultades”, dijo el ministro, como el “manto de silencio” por parte de exmilitares y antiguos agentes de los servicios secretos y de inteligencia, que son reacios a colaborar con la justicia.