Visita de Estado a la Audiencia Nacional

Rajoy ha concebido su viaje a la Audiencia Nacional como una visita institucional, más propia de quien inaugura un edificio que de quien lo visita para comparecer en uno principales juicios sobre corrupción política de la historia de nuestro país. 

El presidente del Gobierno llegará en su coche oficial, previsiblemente acompañado por varios dirigentes de su partido. A su llegada está previsto que sea recibido al pie del vehículo por el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. Sobre esta recepción VIP, la Audiencia guarda cautela: “El presidente de la Audiencia sopesa ir por una cuestión institucional pero la decisión no se tomará hasta el último momento”.  

El nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha confirmado su presencia por primera vez en el juicio para asistir a la declaración del presidente. Según fuentes jurídicas, “Luzón es el fiscal jefe de área y debe estar en los momentos importantes. Su presencia no solo responde a una cuestión de respeto institucional a la presencia del presidente, sino que tiene por objeto reforzar el papel de las fiscalas que interrogan, reforzándolas en sus funciones”.

Dentro de la sala de juicios, Rajoy tendrá más privilegios: se le permitirá sentarse a la altura de los magistrados y no en en el lugar reservado para los testigos. La escenografía decidida para el presidente hará imposible tomar una imagen de su declaración con Luis Bárcenas y el resto de acusados al fondo del encuadre.

Para Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia (JPD), “Está todo pensado para evitarle a Rajoy una foto demoledora. No se debería dispensarle al presidente un trato diferente al que recibiría cualquier otro ciudadano”. En el argumento contrario se sitúa Celso Rodríguez, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM): “Rajoy no comparece en calidad de presidente del Gobierno, pero no se puede desconocer que es el presidente del Gobierno. No debemos sobredimensionar el hecho de dónde se le ubica”.  

El debate está servido: ¿debe ser tratado Rajoy de alguna manera especial en atención a la institución que representa?“. Los antecedentes indican que no es la primera vez que esos privilegios se producen. 

En 1998 Felipe González fue llamado a declarar como testigo ante el Supremo, durante el proceso que pretendía aclarar las circunstancias del secuestro y asesinato de Segundo Marey a manos del GAL. En aquel momento el dirigente socialista ya había abandonado su cargo al frente del Gobierno pero el tribunal decidió cuidarle con los siguientes privilegios: se prohibió la realización de fotografías en el interior de la sala de juicios (el diario El Mundo se saltó esta orden) y se preparó una silla de categoría especial para que el testigo compareciese desde donde lo habían hecho previamente el resto de testigos. 

Más reciente en la memoria está la comparecencia de la infanta Cristina por su implicación en el caso Nóos. Como recuerda Ignacio González (JPD), “la infanta declaró en el mismo lugar en el que lo hicieron el resto de los acusados y nadie le buscó una ubicación especial”. La mayor diferencia entre este caso y el de Rajoy es que el presidente del Gobierno comparece como testigo y la infanta lo hizo como acusada.  

Pese a la escenografía buscada por Moncloa, Rajoy está sometido a los mismos límites que el resto de testigos: no puede mentir y de hacerlo estaría incurriendo en un delito de falso testimonio. Se da la circunstancia de el presidente del tribunal, Ángel Hurtado,es el único de los tres miembros de la sala que consideró innecesaria la presencia de Rajoy en el juicio. Hurtado será el encargado de dirigir los interrogatorios e interrumpir las preguntas, cuando considere que no se ajustan a la causa que se juzga en la Audiencia Nacional.   

Ante la incógnita de como se sucederá el interrogatorio, Moncloa ha conseguido atar lo único que no se mueve: la escenografía.