Vox recurre el archivo de su querella contra Rodríguez Zapatero por la negociación de su Ejecutivo con ETA

El partido liderado por Santiago Abascal, que no aclara en su nota de prensa si el recurso se presenta en reforma ante el propio juez o en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia, considera que esta negativa a investigar supone una vulneración de la tutela judicial efectiva, que infringe los artículos 24 Constitución Española, 6 Carta Europea Derechos Humanos y 47 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, que asumió íntegramente el informe del fiscal contrario a investigar al expresidente, reprochaba en su auto que el “armazón” de la querella se conforme con “noticias periodísticas de todo índole”. En su opinión, ello evidencia que se eleve estas afirmaciones como “categoría de hecho demostrado” en “ayunas de todo sustento probatorio”.

Vox registró a finales del mes de junio su querella criminal contra Zapatero denunciando que éste habría alertado de detenciones de etarras en Francia durante la negociación con la banda terrorista, según las actas de la organización incautadas en Francia.

Para Vox el contenido de las actas conocido hasta este momento revela que los términos de las negociaciones no contaban con el aval parlamentario y para su comprobación deberá abrirse la correspondiente investigación. Añaden que el Juzgado central niega la posibilidad de comprobar la veracidad de las publicaciones y de examinar las actas, que se encuentran en la propia sede judicial y en poder del Ministerio del Interior, dentro de la documentación que el Gobierno de Francia entregó a España, en 2018.

La documentación, recuerdan fue incautada en país galo durante la lucha antiterrorista. Las actas de negociación con ETA se conocen como “los papeles de Francia”, y se obtuvieron tras la detención de los etarras Francisco Javier López Peña, Thierry y Ramón Sagarzazu Gaztelumendi.

Según esa documentación, que obra en poder de la Audiencia Nacional, Zapatero reveló al mediador con la banda terrorista que Francia tenía previsto dar un golpe importante a ETA tras la detención de Ramón Sagarzazu a finales de mayo de 2005. Para Vox, este dato prueba la necesidad de acciones judiciales contra el expresidente.

El magistrado de la Audiencia Nacional recordaba en el auto, sin embargo, que “la imputación que ahora se hace no es nueva”, pues, según recuerda, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ya tramitó un procedimiento similar contra “un miembro del Consejo General del Poder Judicial (José Manuel Gómez Benítez), un parlamentario autonómico (Jesús Eguiguren) y una persona sin cargo público (el ex ministro Javier Moscoso)”, cuyas actuaciones llegaron al Tribunal Supremo y afirmó que negociar con la banda carecía de toda relevancia penal.