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Zoido asegura que nadie ha pedido a Prisiones las pruebas que acreditan que Forn “en ningún caso” tiene tuberculosis
“Ninguna institución ha solicitado a Instituciones Penitenciarias informes médicos relativos al exconsejero señor Forn”, ha señalado Zoido antes de la sesión de control al Gobierno en el Senado al ser preguntado sobre la petición del fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadena de excarcelar a este exdirigente por “razones humanitarias”.
Zoido se ha referido a la información que dispone Instituciones Penitenciarias tras señalar que “las causas o razones” por las que la Fiscalía solicita la excarcelación de Forn “lo tendrá que explicar la Fiscalía”.
“Se le practicó el test de Mantoux que se hace para detectar esta enfermedad como a toda persona cuando ingresa en prisión”, ha indicado el ministro, explicando que dicha prueba reveló que “posiblemente” tuvo un contacto con el bacilo de la tubercolisis en la niñez, “lo que en ningún caso significa que lo padezca”.
La Fiscalía General del Estado ha explicado en un comunicado que ha respaldado la excarcelación previo pago de 100.000 euros en fianza de Forn, quien lleva en prisión desde el pasado 2 de noviembre imputado por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Alega en primer lugar motivos humanitarios por la “aparición de tuberculina, circunstancia esta que ha de ser tenida en cuenta”.
El segundo motivo alegado por la Fiscalía es que Forn renunció el pasado 24 de enero al acta de diputado “como muestra de su intención manifiesta de cese su actividad política y, con ello, nulo impacto del riesgo de reiteración delictiva”. Y la tercera razón es la “falta de reiteración delictiva derivada de sus manifestaciones y/o actuaciones desde que se inició el cumplimiento de la medida cautelar” de prisión provisional.
El fiscal Fidel Cadena no ha argumentado ante los magistrados de la sala de apelaciones del Supremo el cambio del criterio que venía manteniendo el Ministerio Público con respecto al exconsejero de Interior. Únicamente se ha limitado a señalar que actuaba por orden del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar.
