La abogada de “presos políticos” se enfrenta a proceso judicial en Nicaragua

La abogada defensora de decenas de “presos políticos” en Nicaragua, Yonarqui Martínez, se presentó este martes en el Complejo Judicial de Nicaragua para responder a una acusación legal en su contra, que podría enviarla a prisión.

“Creo que no me van a juzgar como una persona común, sino como una persona política, porque quieren que renuncie a mi trabajo de defender a los presos políticos”, dijo Martínez, a periodistas.

Martínez, quien desde abril es conocida en Nicaragua como “la abogada de los presos políticos”, es acusada del robo de una propiedad.

La acusación fue hecha por una empleada del Poder Judicial, que Martínez identificó como Fabiola Báez, madre de un vigilante de la misma institución con quien ha tenido problemas, según afirmó.

La abogada sostuvo su inocencia, e insistió en que se trata de una estrategia para dejar sin defensa a 62 personas acusadas por “terrorismo” y otros delitos tras participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

Martínez no aceptó la coincidencia de que su caso está en manos del juez Sexto del Distrito Penal de Audiencia, Henry Morales, el mismo que condenó a más de 200 años de cárcel a los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, quienes lideraron manifestaciones antigubernamentales desde 2013.

Morales también está a cargo del juicio contra otros opositores, así como del dueño del canal de televisión 100 % Noticias, Miguel Mora, y su jefa de prensa, la periodista de doble nacionalidad nicaragüense y costarricense, Lucía Pineda Ubau, a quienes ha retrasado sus audiencias en dos ocasiones.

La abogada sostuvo que la funcionaria que la acusa ya ha realizado falsos testimonios en el pasado, que enviaron a prisión a varias personas “de manera injusta”, y a quienes les fueron expropiadas sus casas.

La acusación contra Martínez se da en medio de la peor crisis sociopolítica de Nicaragua en décadas, que inició con el estallido social de abril pasado contra el Gobierno de Ortega.

La crisis, que ha dejado 325 muertos, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que Ortega solamente reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

Al menos 762 personas permanecen con algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua tras participar en protestas antigubernamentales, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.

La CIDH ha insistido en que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes “de lesa humanidad”, mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en proceso en la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.