El abogado de los declarantes dice que “no es delito” el comportamiento de los exconcejales

El abogado Anton Aluja, que defiende a tres de los primeros exregidores que han declarado hoy en el juzgado de Reus por el aval de 3 millones concedido a Shirota, ha asegurado a los medios de comunicación que no es delito el comportamiento de sus defendidos.

Los cuatro primeros exconcejales del PSC en Reus han declarado durante la tarde de hoy ante el titular del juzgado número 3 de Reus por el aval que el pleno municipal concedió a Shirota, una empresa mixta público-privada.

Durante la tarde han declarado los exconcejales del tripartito reusense Misericòrdia Dosaiguas -Enseñanza-; Rosa Garrido -Servicios Sociales-, Carles Salas -Finanzas- y Teresa Pallarès -Turismo-, mientras que un quinto exregidor citado, Josep Morató -Promoción Económica-, no ha podido comparecer al estar convaleciente de una enfermedad grave.

De los cinco, solamente Dosaiguas y Salas continúan como concejales en el consistorio, aunque ahora en la oposición. Los tres primeros han estado representados por el mismo letrado, Anton Aluja, histórico militante socialista de Reus.

Después de más de cuatro horas de declaración, Aluja ha indicado a la prensa que está “convencido de la absoluta inocencia de los veintisiete regidores del pasado mandato” en los hechos que se instruyen, que “no son delito” aun cuando, escudándose en el secreto de sumario, no ha querido dar más detalles sobre las diligencias previas que se están llevando a cabo en el juzgado número 3 de Reus.

Asimismo, Aluja se ha mostrado muy molesto con la vulneración del secreto de sumario que, en su opinión, han practicado algunas de las partes de esta instrucción, a las que ha tildado de “delincuentes”.

Finalmente, Aluja ha apuntado que “nos encontramos ante un combate político entre un proyecto de ciudad de 32 años frente a un gobierno municipal sin proyecto”.

Por su parte, Pallarès, exsubdelegada del Gobierno en Tarragona y actual presidenta de la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona (AEQT), ha apuntado antes de entrar que como excargo público venía a “dar explicaciones y a colaborar con la Justicia”, y no ha querido efectuar declaraciones a su salida del juzgado.

Los catorce regidores que formaban parte del gobierno tripartito de la pasada legislatura en el consistorio reusense estaban citados a declarar a partir de hoy a las 16 horas en los juzgados de Reus, una comparecencia que continuará mañana y el jueves -cuando será el turno del exalcalde Lluís Miquel Pérez-, siempre por la tarde.

Por ello, durante tres tardes consecutivas por este juzgado irán desfilando los concejales para declarar ante el juez, el fiscal y sus respectivos abogados particulares, pero no los de la acusación porque el caso está bajo secreto sumarial.

El pasado mes de marzo todos ellos ya declararon en la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona por este mismo caso, una pieza que ha separado el juzgado de Instrucción número 3 de Reus del caso Innova a raíz de la denuncia presentada por AraReus, en la oposición, contra el exdirector del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y de Innova, Josep Prat, y el exdirector del CatSalut y responsable de Shirota, Carles Manté.

Los regidores del tripartito reusense aprobaron un aval a Shirota Functional Foods (SFF), dedicada a la investigación en la nutrición y la salud y los alimentos funcionales, de tres millones por parte del Ayuntamiento, cuando esta empresa estaba participada también por otros socios privados y, por esto, habrían incurrido en delito.

En cambio, los regidores del PP y de CiU, en la oposición, se abstuvieron, y el único de la CORI, también en la oposición, votó en contra.

El actual gobierno municipal decidió, el año pasado, liquidar Shirota por las deudas acumuladas, hacerse cargo de los tres millones de euros del aval y despedir a sus 14 trabajadores, incluidos los científicos.