Los abogados de los detenidos piden su libertad por no tener relación con ETA

Los abogados de los mediadores del colectivo de presos de ETA detenidos el miércoles en el País Vasco y Navarra han exigido hoy su “liberación inmediata” al entender que no están acusados de nada “en relación con ETA”, sino por su labor “pública y notoria” en favor de dichos reclusos.

En una rueda de prensa celebrada esta tarde en Bilbao, en la sede del Colegio de Abogados de Bizkaia, el senador por EH Bildu Iñaki Goioaga ha considerado “ilegal” el registro de su despacho llevado a cabo por la Guardia Civil en la capital vizcaína y ha afirmado que no ha participado en esa diligencia.

Junto a Goioaga, el letrado Alfonso Zenon ha intervenido en la rueda de prensa como portavoz de los abogados de los ocho detenidos en la operación del miércoles, entre ellos tres letrados que actuaban como mediadores del colectivo de presos de ETA, Arantza Zulueta, Jon Enparantza y José Luis Campo Barandiaran.

Zenon, que ha calificado de “político-judicial” la operación llevada a cabo, ha denunciado que durante esta actuación se han producido “auténticas barbaridades jurídicas” y una “vulneración clara del derecho a la defensa”.

El letrado ha indicado que a los detenidos se les acusa de pertenencia, financiación y enaltecimiento del terrorismo, “la misma imputación y el mismo procedimiento que Herrira”, plataforma de apoyo a los presos de ETA cuya actividad ha sido suspendida por dos años por orden de la Audiencia Nacional.

Zenon ha afirmado que, sin embargo, la actividad de los mediadores de los presos de ETA ha sido “pública y transparente”, con reuniones con partidos, sindicatos y otros agentes, ruedas de prensa y su participación en el foro por la paz.

Ha asegurado que se trata de una operación “contra el colectivo de presos” de ETA, “continuación” de la llevada a cabo contra Herrira, y contra los mediadores de esos reclusos.

El abogado ha opinado que el “Estado español no puede asumir” el paso dado por el colectivo de presos de ETA -en alusión al comunicado hecho público el pasado 28 de diciembre-, ni el apoyo que recibieron de antiguos reclusos, ni la sentencia europea que anuló la aplicación retroactiva de la doctrina Parot.

Ha dicho que, además de las ocho detenciones, la Guardia Civil pidió al juez practicar otros dos arrestos, registrar las celdas de siete presos de ETA y cerrar los perfiles de los mediadores de los reclusos en las redes sociales de internet.

Ha considerado “inaudito” el registro del despacho del senador Goioaga, ha afirmado que la Guardia Civil registró los despachos de “multitud de abogados, no solo de los detenidos” y ha denunciado que “se sustrajeron decenas de expedientes jurídicos, algunos relacionados con los GAL”.

Iñaki Goioaga ha expresado su “enfado y preocupación” por esta operación, que, a su juicio, constituye un “mate al Estado de derecho y democrático”.

Ha negado que ayer estuviera “ilocalizable”, ya que permaneció trabajando en el colegio de abogados, y ha dicho que comunicó por escrito al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que consideraba ilegal el registro de su despacho y no lo autorizaba.

Tras afirmar que no ha participado en el registro de su despacho llevado a cabo hoy en Bilbao, el parlamentario de la coalición Amaiur ha añadido: “No sé lo que se han llevado y me da igual”.

El abogado y senador, que ha anunciado que emprenderá acciones legales, se ha considerado víctima de una “persecución ideológica y política” y ha dicho que “se extiende la presunción de culpabilidad, que no de inocencia” para los letrados que, como él, han defendido a presos de ETA.

Goioaga ha considerado que la operación del miércoles constituye “una provocación” y ha dicho que “no se puede criminalizar a quienes más apuestan por la normalización política”.