Acabar con la desconfianza, primer reto de la comisión para la Reconstrucción

El primer reto al que se enfrentarán los 46 diputados que forman la nueva comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica del país consistirá en deshacer la desconfianza política con la que ha nacido.

Fuentes parlamentarias consultadas por Efe durante esta semana han expresado sus reticencias sobre la nueva comisión, bien por los recelos cruzados, sobre todo entre PSOE y PP, o bien por el desencanto con el que miran su evolución.

Aunque la Junta de Portavoces de hace dos semanas respaldó por unanimidad la puesta en marcha de la comisión, los pasos que los grupos han dado hasta su creación no se han caracterizado precisamente por el consenso.

El origen de la comisión para la Reconstrucción, que se ha dado un plazo inicial de dos meses para acordar un dictamen, se encuentra en una de las contadas conversaciones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo con el líder del PP, Pablo Casado.

El dirigente socialista llamó al popular el 20 de abril para culminar con él la ronda de contactos destinada a fraguar una mesa de diálogo para la reconstrucción.

Antes de que Sánchez y Casado se vieran las caras por videoconferencia, los demás partidos recibieron un texto de la Moncloa con explicaciones sobre cuál sería el formato de la mesa y con la conminación a una primera reunión esa misma semana.

Pero el presidente del Gobierno y el líder del PP acordaron crear una comisión parlamentaria, no una mesa.

La noticia sentó mal a los demás grupos parlamentarios, especialmente a los independentistas, a los nacionalistas y a los situados más a la izquierda. “Estoy muy mosqueado; Sánchez se ha plegado a Casado”, reconocía entonces a Efe un diputado de una de estas formaciones.

Otro parlamentario auguró una serie de componendas entre el PSOE y el PP para instaurar una comisión “en plan yo me lo guiso y yo me lo como”, según sus palabras.

La dirección del grupo popular, un día más tarde del acuerdo entre Sánchez y Casado, presentó su propuesta: sería “no permanente” (es decir, se disolvería en cuanto acabara el trabajo), duraría hasta julio y abarcaría una serie de áreas sobre sanidad, economía, política exterior y “libertades públicas”.

En cuanto acabó el largo pleno sobre la autorización de la tercera prórroga del estado de alarma, el 22 de abril, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, y su número dos, Rafael Simancas, por un lado, y la del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, junto a su mano derecha, Guillermo Mariscal, por otro, se pusieron en contacto con los grupos para sondear su disposición.

Dos días después, los grupos del PSOE y de Unidas Podemos registraron la propuesta para instaurar la comisión, pero sin contar con el PP.

La filosofía que propugnaban los socios de Gobierno coincidía prácticamente en todo con la del Partido Popular, menos en un aspecto crucial para los de Pablo Casado: no se hablaría en la comisión de los derechos y libertades esenciales que, según esta formación, la gestión del Gobierno ha debilitado o puesto en riesgo.

Tal y como indicaron fuentes próximas a la dirección socialista, en el partido de Pedro Sánchez veían al PP con clara intención de aprovechar la comisión para fiscalizar la acción del Gobierno en la crisis del coronavirus.

La Mesa y la Junta de Portavoces del 28 de abril se encargarían de avalar la propuesta del PSOE y de Unidas Podemos, pero las posibilidades de que para entonces hubiera acuerdo respecto de la Presidencia eran remotas.

“Aún no”, repetía entonces un diputado del PP cuando se le preguntaba si habían rubricado un hipotético pacto sobre quién dirigiría la comisión.

La presión de los grupos de izquierda también se hizo notar y varios transmitieron al PSOE que si la comisión la presidía un representante del PP, el apoyo podría alejarse.

Desde la dirección del grupo socialista comunicaron que entre sus planes no figuraba la cesión de la Presidencia.

Para añadir presión, el PP postuló a Ana Pastor.

A lo largo de las reuniones de la Mesa y de la Junta del 28 de abril no se escucharon desavenencias hacia una comisión que ya se daba por hecho que presidiría el PSOE.

En la rueda de prensa posterior, Álvarez de Toledo lamentó que la dirección socialista rehuyera al PP para dar forma a la comisión.

El 7 de mayo fue el día en que el Congreso alumbró la que puede ser la comisión más importante de la legislatura. En la víspera el PSOE avanzó que Patxi López sería su candidato a presidirla.

Las votaciones de la Mesa de la Comisión delataron la división, pues López logró 165 votos a favor y Ana Pastor, 91. Se registraron 37 votos en blanco y Vox ni siquiera participó.

El diputado socialista se estrenó en la Presidencia con un llamamiento al consenso tras la crisis más devastadora del país en muchos años y anunció que la semana que viene tendría lugar la primera sesión de la comisión. El objetivo: aprobar un calendario de trabajo.

Pero ni siquiera en esto hay unidad. Fuentes parlamentarias han informado a Efe que los grupos se han dado hasta el martes para intercambiar propuestas e intentar consensuar un itinerario. La idea es que el jueves 14 la Comisión empiece a trabajar.

Ángel A. Giménez