Los activistas mantendrán su lucha por el TPS a pesar de la decisión de Trump

La decisión de la Administración del presidente Donald Trump de retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a nicaragüenses y aplazar seis meses su decisión sobre el de los hondureños no detendrá la lucha de los centroamericanos por lograr una residencia permanente, advirtieron hoy activistas.

“Estamos exigiendo al Congreso que actúe y además seguimos buscando vías legales para exigir al Ejecutivo que detenga el caos que se desatará al dejar a más de 300.000 personas en las sombras”, en caso de confirmarse los peores augurios y de que se suspenda definitivamente el TPS a salvadoreños, nicaragüenses y hondureños, dijo a Efe Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas.

Tanto beneficiarios como activistas se mostraron decepcionados con la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de no continuar con las prórrogas de 18 meses con las que hondureños y nicaragüenses mantuvieron su estatus legal durante casi 20 años.

El DHS decidió anoche cancelar el beneficio para 5.349 nicaragüenses, que tendrán un año a partir del 5 de enero del 2018 para preparar su regreso a su país de origen.

“Esto no es factible, no es real, estos inmigrantes no van a salir del país y dejar todo lo que han constituido en casi 20 años porque el Gobierno quiere. Pedirles eso es inmoral e inhumano”, advirtió Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés).

Mientras, la decisión sobre el TPS para Honduras, del que se benefician 86.163, fue aplazada seis meses, hasta el 5 de julio de 2018, por lo que el gobierno deberá pronunciarse de nuevo sobre su futuro antes de comienzos de abril próximo.

Más de 260.000 salvadoreños también se encuentran en la incertidumbre. Tienen permiso de trabajo y licencias desde hace 16 años gracias al TPS, pero su amparo vence el 9 de marzo del 2018, por lo que el anuncio de la prórroga debería darse antes del 5 de enero del próximo año.

Chacón junto a activistas de otras 30 organizaciones han presionado por la protección de estos inmigrantes desde principio se año, cuando la Administración Trump expresó su idea de poner fin al beneficio.

Las esperanzas de ganar esta carrera contra reloj están puestas en el Congreso y en conseguir el apoyo republicano para alguna de las dos propuestas que actualmente se barajan en la Cámara de Representantes para legalizar a unos 439.625 beneficiarios.

No obstante, los activistas consideran que el reto de convencer a los republicanos es complicado.

“La administración está empujando una retórica racista que pretende favorecer solo a los blancos y reducir el número de personas de otra raza, y los republicanos favorecen esta idea”, indicó Alvarado.