La acusación popular pide que Mas también sea juzgado por malversación el 9N

La acusación popular ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que juzgue al expresidente de la Generalitat Artur Mas también por un delito de malversación por la celebración del 9N, el único que puede acarrear penas de cárcel, y no sólo por desobediencia y prevaricación.

En un recurso interpuesto ante el alto tribunal catalán, la acusación popular, ejercida por el Sindicato Profesional de Policía, la Unión Federal de Policía, la Asociación Arca Ibérica, el sindicato Manos Limpias y un particular, solicita al TSJC que revoque su decisión de archivar la acusación por malversación contra Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau.

El TSJC acordó el pasado 12 de octubre enviar a juicio a Mas, Ortega y Rigau -en una fecha todavía por determinar- por los delitos de desobediencia grave y prevaricación, aunque descartó imputarles un delito de malversación -el único que puede comportar penas de cárcel, ya que la desobediencia y la prevaricación se castigan con inhabilitación-.

El juez alegó que los servicios que la Generalitat encargó a contratistas privados para celebrar el 9N, que ascendían a 4,7 millones de euros, “se encargaron con anterioridad a la suspensión” de la consulta por parte el Tribunal Constitucional, aunque la mayoría de las facturas se abonaron posteriormente.

Por el contrario, la acusación popular entiende que los trabajos facturados fueron ejecutados con posterioridad a la suspensión de la consulta y que la “conducta no reprochable” hubiese sido que la Generalitat suspendiera los contratos y aplicara, si correspondía, las cláusulas indemnizatorias previstas.