La acusación respalda el ultimátum del juez y la defensa comparte los motivos del arzobispo

La acusación particular en el caso de los supuestos abusos sexuales de sacerdotes contra menores ha respaldado hoy la decisión del juez de dar un ultimátum al arzobispo de Granada para que entregue toda la documentación de la que disponga, mientras que la defensa ha compartido la motivación jurídica de este prelado.

El letrado Jorge Aguilera, que representa al joven de 24 años que con su denuncia motivó la investigación, ha señalado a Efe que, en su auto de ayer, el instructor Antonio Moreno constató la “nula colaboración” del arzobispo Javier Martínez, al que el titular del Juzgado de Instrucción 4 dio un plazo “ineludible” de tres días.

El abogado de la acusación particular ha advertido, al igual que hizo el propio juez en su reciente resolución, que si el prelado volviera a no atender esta última “orden taxativa y expresa” de la autoridad judicial podrían abrirse diligencias en su contra en otro procedimiento paralelo por su falta de colaboración.

Aguilera, que comparte los argumentos esgrimidos por el instructor, ha considerado que el arzobispo no puede ampararse en el secreto pontificio o en la legislación canónica para no facilitar las declaraciones completas de los sacerdotes que declararon inicialmente en el marco de una investigación de la propia Iglesia.

En cambio, Javier Muriel, abogado del padre Román y que ejerce la defensa en este caso, ha compartido “plenamente la motivación jurídica” del arzobispado, que respondió a un requerimiento anterior del juez que la investigación canónica completa dependía de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano.

Muriel ha opinado a Efe que el juzgado no puede “extralimitarse en su función investigadora”, puesto que “no todo vale” y aceptar esos requerimientos sería “como obligar a un periodista a revelar sus fuentes o a un abogado quebrantar su secreto profesional”.

El letrado ha avanzado asimismo que no tiene intención de recurrir esta última decisión del juez, contra la que cabe recurso de reforma, toda vez que el objeto de la petición es “puramente eclesiástica y solo a esa institución compete afrontar la cuestión”.

La nueva decisión judicial, fechada ayer, reiteró la providencia del pasado 7 de mayo y concretó las consecuencias de su incumplimiento, después de que en las sucesivas documentaciones remitidas por el Arzobispado se “omitieran” las declaraciones y los interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inició expediente eclesiástico.

El instructor entendió que “necesariamente” deben de “obrar de forma escrita” a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos, que dieron lugar incluso a resoluciones de suspensión de ese Arzobispado.

Asimismo advertió al prelado que, después de más de seis meses, “escudarse” en la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que tiene funciones de juzgar canónicamente pero no siempre de instruir, “supone indiciariamente una evidente negativa a cumplir y colaborar con las autoridades civiles, o de ocultación”.

En la causa, cuya investigación comenzó en octubre del 2014, fueron imputados diez sacerdotes y dos seglares, aunque el principal imputado y considerado el cabecilla de “Los Romanones”, el padre Román, es el único contra el que actualmente continúan las actuaciones judiciales.