Las acusaciones del caso Bárcenas denuncian maniobras para apartar al juez Ruz

Las cinco organizaciones que ejercen la acusación popular en la pieza de los papeles de Bárcenas han denunciado hoy maniobras del poder político y económico para “apartar” al juez Pablo Ruz, lo que consideran “el colofón a los múltiples obstáculos puestos a la instrucción” de este caso y de Gürtel.

Así lo exponen las acusaciones populares -Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad- en un comunicado conjunto en el que anuncian “movilizaciones y actos de protesta para que trascienda públicamente esta escandalosa situación, que pone en evidencia cómo han trabajado el PP y sus responsables en un buen número de las instituciones que controla para conseguir que los presuntos delitos queden impunes”.

“Comprobamos ahora una vez más con estupefacción cómo destacados representantes del poder político y económico maniobran para que la Justicia no les alcance. No vamos a permitirlo. De ahí los actos de denuncia pública que llevaremos a cabo para que trascienda cómo se trabaja desde las instituciones para conseguir que los presuntos delitos queden impunes”, anuncian.

A su juicio, la decisión del Consejo General del Poder Judicial de sacar a concurso la plaza que ocupa Pablo Ruz en comisión de servicios desde la inhabilitación de Baltasar Garzón es fruto del resultado de la investigación de la querella interpuesta hace dos años basada en los papeles de Bárcenas y que ha conseguido “acorralar” a destacados dirigentes del PP.

Por ello, mientras que las cinco organizaciones querellantes hacen en este comunicado “un balance positivo de lo conseguido hasta ahora”, también opinan que desde el PP y desde el Gobierno “hacen una lectura contraria al comprobar cómo los casos de corrupción que presuntamente muestran los papeles de Bárcenas acorralaban a destacados dirigentes populares y responsables de constructoras”.

“Valoramos que ahí está la clave del cese en tres meses del juez Ruz, que es lo que realmente ha decidido en Comisión Permanente el Consejo General del Poder Judicial”, afirman.

Hacen además un recordatorio del “ingente trabajo acometido por la acusación popular, así como la instrucción desarrollada por Ruz”, que ha permitido “acreditar 59 apuntes de los recogidos en los papeles del extesorero del PP que se encuentra en prisión preventiva, así como imputar a 31 personas y que se haya podido dar como acreditada la existencia de una 'contabilidad B' en el partido que sustenta al Gobierno de Mariano Rajoy”.

“Pero no es menos cierto que las dificultades impuestas durante toda esta etapa por el propio PP y por sus responsables en un buen número de las instituciones que controla han hecho muy difícil este trabajo”, señalan los querellantes.

Entre esas trabas, enumeran “otras maniobras del Partido Popular” como “las misteriosas” desapariciones de agendas y los registros de entrada en la sede madrileña del PP, de discos duros de ordenadores con contenidos que incidían directamente en esta causa o “la persistente resistencia a entregar la información solicitada por el magistrado instructor, hecho que llevó a Ruz a ordenar el registro de la sede central del PP en la calle Génova”.