El acusado de matar a un agente reconoce los hechos y acepta 22 años de cárcel

Granada, 23 nov (EFE).- El acusado de asesinar al agente de la Guardia Civil José Manuel Arcos en octubre de 2018 en Granada, un delincuente habitual apodado el Kiki, ha reconocido este lunes los hechos aunque ha dicho que “no estaba bien” por unas pastillas, y ha facilitado un acuerdo que lo condenará a 22 años y medio de cárcel.

La Audiencia de Granada ha iniciado este lunes el juicio con jurado popular contra Antonio M.G., un delincuente que en su declaración ha reconocido por primera vez los hechos y ha propiciado un acuerdo de las partes.

“No estaba bien, no me acuerdo bien de los hechos por las pastillas, sé lo que pone en el sumario que hice”, ha declarado Antonio, que ha pedido perdón a la familia del agente al que mató pese a reconocer que no atenderían sus disculpas.

Esta declaración ha permitido a la Fiscalía, que solicitaba en su escrito provisional de acusación una condena a 27 años de cárcel, modificar su escrito y rebajar la petición a 22 años y medio.

El Ministerio Público ha considerado que el acusado cometió un delito de homicidio agravado, por el que ha interesado una condena a 17 años y medio de prisión, y otros dos delitos unificados por tenencia de armas de guerra, por el que ha interesado otros cinco años de condena.

Ha sumado además otros dos delitos con pena de multa por el robo y uso de vehículos en un planteamiento al que se han adherido todas las partes.

Esta unificación de petición de penas y la declaración del acusado permitirá que se termine el juicio y que el jurado popular seleccionado para la causa reciba este martes un objeto del veredicto para corroborar la condena al Kiki.

Antonio M.G. se enfrentaba a una petición de hasta 42 años y medio por siete delitos, pero el acuerdo alcanzado este lunes evita el sufrimiento para la familia del juicio y garantiza una condena que se acerca a los máximos contemplados en la ley por los hechos, según ha explicado el abogado de la acusación particular, Javier López y García de la Serrana.

El letrado que representa los intereses de la familia del agente ha recalcado que el acuerdo garantiza una condena holgada e impide que, pese a las pruebas y periciales, el procesado pueda ser condenado a penas inferiores, como los siete años de prisión de un homicidio imprudente.

Los hechos analizados este lunes se remontan a la madrugada del 15 de octubre de 2018 cuando la víctima prestaba servicio junto a una compañera del puesto de La Zubia.

Los dos estaban de servicio, con sus armas reglamentarias, uniformados y a bordo del vehículo oficial ubicado en una rotonda de Huétor Vega por la que, sobre las cuatro de la madrugada, pasó el acusado, que circulaba en un coche robado, realizó una maniobra sospechosa y provocó que los agentes decidieran seguirle y activar las luces policiales.

Después de la persecución y de un forcejeo, el acusado cogió el arma del agente, le disparó entre el abdomen y la ingle y le provocó lesiones por las que murió poco después.