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Tres acusados en el caso de los espías comparecerán en la comisión de corrupción

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Tres acusados en el caso de los espías comparecerán en la comisión de corrupción

Tres acusados en el caso de los espías comparecerán en la comisión de corrupción

Tres de los cinco guardias civiles y funcionarios de la Comunidad de Madrid acusados en el caso de supuesto espionaje a miembros del Gobierno regional de Esperanza Aguirre entre 2008 y 2009 comparecerán en la sesión de la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea del 4 de marzo.

Así lo han acordado hoy los miembros de la Mesa y Portavoces de esta comisión, que analiza posibles casos de corrupción ocurridos en la Comunidad de Madrid en las dos últimas legislaturas.

De esta forma, se retoma un asunto que ya se trató en 2009 en otra comisión de investigación del Parlamento autonómico.

En concreto, comparecerán Jose Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez, que trabajaron como asesores de seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior; y José Manuel Pinto, que lo hizo como técnico de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid.

El portavoz de Ciudadanos en la comisión de investigación, César Zafra, ha explicado a los medios tras la reunión que los tres enviaron una carta a la Asamblea para solicitar su comparecencia.

"Ya tuvimos una comisión investigación sobre este tema hace bastantes años, eran otros tiempos y creemos que es necesario que vuelvan a venir aquí y nos expliquen con tranquilidad todo lo que ocurrió", ha señalado.

El pasado mes de junio, la Audiencia de Madrid ordenó reabrir el conocido como caso de los espías al considerar que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos por parte de los funcionarios de la Comunidad y guardias civiles Sergio Gamón Serrano, José Oreja Sánchez, José Luis Caro Vinagre, José Manuel Pinto y Antonio Coronado Martínez.

Todos ellos están acusados de utilizar teléfonos y vehículos que tenían para desarrollar su cargo para espiar al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros políticos madrileños, en 2008 y 2009.

Sobre la posibilidad de solicitar la comparecencia de personas que ocuparon cargos políticos, como Cobo y Prada, el portavoz de Ciudadanos ha comentado que van a ser "prudentes" y esperarán a escuchar lo que digan los tres acusados el día 4, aunque cree que "todo apunta a que tendremos una sesión más".

El portavoz del PP en la comisión, Alfonso Serrano, ha comentado que su grupo no se ha opuesto a abordar este caso "en ningún momento", aunque ha destacado que ya fue objeto de una comisión de investigación, por lo que, a su juicio, "no parece de recibo volver a abrir un tema porque han cambiado las mayorías parlamentarias".

Además, ha criticado que sólo se hayan celebrado dos sesiones de ciertos temas en la comisión de investigación, ya que considera que es "la excusa de que vayan pasando dirigentes políticos sin entrar en profundidad".

Por su parte, la portavoz del PSOE en la comisión, Encarnación Moya, ha recordado que fue vicepresidenta en la anterior comisión sobre el espionaje, en la que asegura que "se quedaron decenas de comparecencias sin poder celebrarse por el cerrozajo abrupto y definitivo que le dio Francisco Granados".

Al respecto, el portavoz de Podemos en la comisión, Miguel Ongil, ha destacado que los tres comparecientes que acudirán el día 4 "no tuvieron la posibilidad de declarar en una comisión que se celebró pero que se cerró en falso".

Por otro lado, ha comentado que su grupo parlamentario ha entregado hoy una carta al fiscal del caso Púnica con copia al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco con el informe que él mismo encargó a la asociación nacional de tasadores y peritos judiciales informáticos.

Ongil informó al respecto de este informe en la anterior sesión de la comisión de investigación de corrupción, en la que se analizaron los contratos de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, vinculada al caso Púnica.

Según el partido, este documento demuestra conexiones entre el PP de Madrid y el de Valencia a través de las páginas web que gestionaba el empresario Alejandro de Pedro, considerado el "conseguidor" de contratos públicos para la trama Púnica.

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