Adelante pide a PP y Vox que paren el derribo de 120 chabolas en El Ejido (Almería) hasta realojar a sus 250 moradores

El parlamentario andaluz por Almería Diego Crespo, quien ha mantenido contactos con la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz para instar a su mediación, ha señalado que el acuerdo unánime en junta de gobierno responde a “un discurso cobarde, xenófobo y racista que se ceba en las personas más débiles y que aparece ahora para buscar réditos electorales”.

“Nadie vive en una chabola si tuviese otra opción; en el año 2000 se anunciaba un plan de eliminación del chabolismo en Almería pero desde entonces ninguna de las propuestas de aquel plan en materia de vivienda se ha llevado a cabo”, ha criticado Crespo.

Para el parlamentario de Adelante Andalucía “sólo los cobardes atacan a quiénes menos pueden defenderse” y ha considerado que solo un ayuntamiento gobernado “por pusilánimes puede tomar medidas como estas”.

“Si fuesen valientes buscarían soluciones colectivas y globales al problema de la infravivienda y el chabolismo en su municipio y no mandarían a las excavadoras a destrozar el único refugio de 300 personas”, ha dicho.

En esta línea, ha apuntado que, en Adelante Andalucía, tienen “claro” que la solución al chabolismo en la “no pasa por el derribo sin alternativa” ya que, según ha remarcado, “lo único que eso produce es el desplazamiento de esas familias a otras infraviviendas, que no desaparecen, porque el problema es que no existe vivienda en alquiler para las trabajadoras y trabajadores que cada día se necesitan en el campo almeriense”.

“Necesitamos un plan de viviendas ante la inmensa demanda que existe y que incluya a esta población, y lo necesitamos ya”, ha concluido.

SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

La ejecución del desalojo, para el que da a los afectados un plazo de 72 horas, y el derribo se aprobó, por unanimidad, en junta de gobierno el 26 de septiembre tras rechazar las alegaciones que presentaron los moradores de las chabolas contra un procedimiento que se inició hace tres meses.

Según el acuerdo, consultado por Europa Press, en el polígono 24, parcela 66 del citado paraje se “aprecia” la existencia de un asentamiento con “120 habitáculos autoconstruidos” como chabolas “bajo deficientes condiciones de habitabilidad y salubridad”.

Recoge que estas infraviviendas se encuentran ocupadas por “entre 250 y 300 personas”, entre ellas mujeres y niños, que habitan “en una situación de riesgo físico” y señala que “no tendrían derecho de realojo tras el desalojo” al no estar en los supuestos contemplados por los artículos 19 y 21 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

El acuerdo de junta de gobierno insta, ante el “inminente riesgo físico”, a los moradores de las infraviviendas a que las abandonen en “un plazo de 72 horas, con sus respectivos útiles y enseres” y ordena a los propietarios del suelo a que, en 48 horas después “del completo desalojo de moradores y transeúntes”, procedan a su costa a la demolición.