Un informe desvela que se ahorrarían 800 millones si el Hospital de Burgos vuelve a ser público
La Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos ha reunido en 189 folios las dudas y las anomalías detectadas sobre la licitación y la construcción del Hospital de Burgos. En un informe que ha entregado hoy a los partidos políticos, que forman parte de la Comisión de Investigación sobre este centro hospitalario, ha concluido que si se rescata de manos privadas se ahorrarían 800 millones de euros.
Y va más allá al afirmar que las “consecuencias económicas del experimento ya están produciendo un menoscabo enorme en los recursos del Sacyl, con repercusión para la asistencia sanitaria de toda la Comunidad Autónoma”.
Este estudio, titulado 'Informe básico para la recuperación del HUBU' que será una de las principales herramientas de estudio de la comisión parlamentaria de investigación creada para analizar la construcción y concesión a manos privadas del Hospital de Burgos.
En él se dibuja el camino para que este Hospital vuelva a ser de titularidad pública, a través de un procedimiento administrativo, que sería “el menos gravoso” porque evitaría pagar el denominado lucro cesante, que obligaría a la Junta de Castilla y León a resolver el contrato de gestión con el argumento de un “incumplimiento de obligaciones contractuales”.
En términos económicos, el informe concluye que en el Hospital de Burgos “hay un gran agujero económico que hay que aclarar escrupulosamente”.
Además, la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos tiene “indicios más que fundados que en la construcción del edificio se han podido incumplir los términos del contrato: en cuanto a calidad de materiales, hemos podido comprobar calidades diferentes y más baratas; y se ha constatado fácilmente una gran cantidad de defectos en la ejecución de la obra”.
Juan Antonio Ayllón, portavoz de la Plataforma, señaló tras entregar el informe a los diferentes partidos que el Hospital de Burgos “no es sólo un problema local, pues supone un gasto anual de 40 millones por encima de lo previsto, más del doble”, una cantidad que “podría destinarse a la sanidad pública” y ha insistido en que el inmueble se ha construido “con patología constructiva de edificio viejo, una infraestructura que no dura 30 años”.
“Es fundamental realizar una investigación completa de la situación de la obra civil y el equipamiento, junto con una supervisión eficaz y diligente de las actividades de la concesión”, se añade en el informe.
Además, se piden respuestas a dos preguntas: “¿cómo se recepcionó una obra tan deficiente y por qué con tantas prisas?” y, en segundo lugar, “¿por qué se recepcionó sabiendo que al día siguiente empezarían las obras de readaptación ineludibles para un mínimo funcionamiento de muchas dependencias?”.
