El alcalde de Alhaurín niega malversación con fondos públicos en las fiestas del pueblo

El alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga) y diputado del PP, Joaquín Villanova, ha negado hoy ante el Tribunal Supremo haber cometido malversación y prevaricación en relación con la administración de fondos públicos en las fiestas del pueblo de 2005 y ha atribuido el caso a “una mala interpretación”.

El Tribunal Supremo investiga si el alcalde cometió los delitos citados en relación con la cesión a un empresario de una caseta municipal durante las fiestas en el municipio.

La cesión podría haberse hecho de manera irregular, contraviniendo las normas que obligaban al pago de una tasa municipal por el uso de tal espacio y a cambio de 3.600 euros en tickets de consumición para el alcalde y la concejala de Fiestas en el bar de la caseta.

El alcalde ha señalado a los periodistas a su salida del Tribunal Supremo, después de prestar declaración, que la investigación arranca de una “mala interpretación”, ya que los hechos denunciados afectan a un contrato menor, y ha añadido que no piensa dimitir en absoluto.

“Ha habido una mala interpretación porque nosotros no firmamos un contrato para la adjudicación de un dominio público, la caseta, sino que contratamos catering por 3.600 euros, lo cual es un contrato menor, que contó con cuatro informes de intervención”, ha declarado Villanova a los medios.

Estos informes, ha añadido, apuntan a que se trató de un contrato cubierto por las competencias que corresponden al Ayuntamiento, ha señalado el imputado.

Villanova ha añadido además que él, como alcalde, no administró los tickets, que en su mayoría fueron destinados a trabajadores, salvo aquellos que, en el primer día de las fiestas, fueron destinados a protocolo de autoridades.

El caso sobre el que ha declarado hoy Villanova ha sido tramitado en Málaga y, en este marco, el fiscal solicitó para él seis meses de cárcel por malversación y siete años de inhabilitación. Sin embargo, aquel procedimiento se suspendió al comprobar la condición de diputado y, por tanto, de aforado ante el Supremo, del principal acusado.

El alto tribunal investiga si la concesión de la caseta se pudo hacer de manera bilateral “entre el alcalde y un empresario”.

Además, se pudo hacer a cambio de “tickets para consumiciones en el bar de la caseta por el citado importe” para Villanova y para la concejala de Fiestas del pueblo, “a cuya disposición se ponían los tickets conforme a criterios personales de distribución no autorizados por la comisión de gobierno local y sin sujeción a control de la intervención municipal”, siempre los indicios investigados por el Supremo.