El alcalde de Valladolid culpa a Zapatero del final de la doctrina Parot

El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP), ha culpado hoy al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de propiciar la abolición de la doctrina Parot, con el envío, tras las conversaciones con ETA, al Tribunal de Estrasburgo del alto cargo del Ministerio de Justicia Luis López Guerra.

“Lamentar que de aquellos polvos, de las conversaciones que mantuvo el Gobierno del Zapatero con la ETA, en la que uno de los compromisos era la abolición de la doctrina Parot, como ha quedado demostrado en las actas de aquellas reuniones” hayan tenido como consecuencia “la liberación masiva de etarras y de criminales de un calibre lamentable”, ha sostenido León de la Riva en declaraciones a los periodistas.

Se ha referido a que el Gobierno de Zapatero enviara al Tribunal de Estrasburgo a un alto cargo del Ministerio de Justicia que era “públicamente contrario a la doctrina” como Luis López Guerra -que también ejerció como vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 1996 a 2001 y como vicepresidente del Tribunal Constitucional entre 1992 y 1995-.

“Justamente, en lugar de defender los intereses de la sociedad española, que era mantener la doctrina Parot”, lo que ha sucedido, como “consecuencia”, es que “se está liberado masivamente a etarras y criminales de un calibre lamentable”.

El alcalde ha desvelado que la familia de la joven vallisoletana Leticia Lebrato, una de las víctimas del “violador del ascensor”, Pedro Luis Gallego, liberado ayer por la derogación de la doctrina Parot, le ha pedido una entrevista, que mantendrá en cuanto sea posible.

En esa entrevista, el alcalde ha reconocido que sólo podrá compartir su dolor y su llanto.

León de la Riva ha recordado con “horror, consternación y pena” aquel verano de 1992 en el que se produjo el asesinato de la joven, cuando él era concejal y portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León.

Pedro Luis Gallego fue condenado a 273 años de cárcel por los asesinatos de Leticia Lebrato, de 17 años, en Valladolid, y de Marta Obregón, de 19 años, en Burgos, además de otros dieciocho delitos de agresión sexual.

A Gallego Fernández se le aplicó la doctrina Parot para prorrogar hasta 2022 su encarcelamiento, y que debía haber salido a finales de 2008.