Alcaldes de Madrid afectados por restricciones las piden en pueblos pequeños

Fuenlabrada, 1 oct (EFE).- Los alcaldes de siete de las diez localidades madrileñas que deberán restringir su movilidad, todos ellos socialistas, han expresado su apoyo a las medidas adoptadas en el Consejo Interterritorial de Sanidad a propuesta del Gobierno de España y piden al Gobierno regional aplicarlas también en municipios pequeños con una alta incidencia de coronavirus.

En concreto, son los regidores de las localidades de Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles y Parla.

Apoyan en un comunicado las restricciones, que afectan a la movilidad, al contacto social y también al aforo y horarios de establecimientos comerciales y de hostelería, “con la convicción de que cuanto antes se tomen serán más efectivas y evitarán adoptar otras más drásticas en el futuro.

“Es muy positivo constatar que por fin existen criterios objetivos que justifican y dan sentido a las actuaciones a desarrollar en nuestras ciudades”, añaden, subrayando que “es positivo además que estos criterios sean de ámbito estatal, aplicables para todas las ciudades de más de 100.000 habitantes”.

En este sentido, los alcaldes y alcaldesas que firman el comunicado entienden que “nunca han existido tales criterios objetivos en las restricciones impuestas por la Comunidad de Madrid en función de las zonas básicas de salud”, lo que “ha provocado falta de equidad y tensiones entre vecinos de un mismo municipio”.

“La actitud de desobediencia frente la normativa adoptada en el Consejo Interterritorial por la Comunidad de Madrid nos sitúa frente a un grave problema de gestión de la crisis desde un punto de vista social y de convivencia, con vecinos y vecinas confundidos entre lo que establecerá el Gobierno”, afirman.

Además, indican que la Comunidad de Madrid “debería ser responsable” y aplicar también “las mismas medidas” en aquellos municipios que están por debajo de los 100.000 habitantes pero que también tienen “índices de contagio acumulados de la misma magnitud e incluso superior”.

“De hecho, alcaldes y alcaldesas de municipios menores a 100.000 habitantes ya lo están solicitando públicamente”, recuerdan, reiterando su desacuerdo con “el empeño en mantener las restricciones por zonas de salud para excluir a unos pocos distritos que en un futuro alcanzarán valores semejantes a los confinados”.

Por otro lado, los regidores también se refieren al cierre de Madrid capital, que “es realmente donde el problema presenta una mayor magnitud”, por lo que consideran “necesario adoptar las medidas en todo su conjunto, para proteger la salud de los propios vecinos de Madrid, pero también para proteger al resto de habitantes de la Comunidad”.

“Los vínculos familiares con la capital y la existencia de segundas residencias generan flujos muy elevados de población con los pueblos y ciudades de la Comunidad”, insisten.

También instan a la Comunidad de Madrid a que “sea solidaria en el esfuerzo” y “colabore también con el sostenimiento económico de los sectores económicos perjudicados en los municipios”, exigiendo para ello la creación de un fondo de 'Apoyo frente a la COVID-19' para los ayuntamientos.

“La lealtad institucional no solo se predica, sino que se practica, así lo hemos hecho en todos y cada uno de los ayuntamientos que representamos, acatando siempre las medidas dictadas por el Gobierno Regional a pesar de no haber sido consultados ni, en muchas ocasiones, compartirlas”, concluyen.

Las otras tres localidades afectadas por restricciones son Madrid capital y Torrejón de Ardoz, con alcaldes del PP, y Alcobendas.

Su alcalde, el socialista Rafael Sánchez Acera, ha dicho que el Gobierno central “ha dado autoridad” a las comunidades autónomas para que tomen medidas similares a las restricciones en cualquier municipio con datos epidemiológicos parecidos, aunque no lleguen a los 100.000 habitantes.

Por otro lado, opina que la Comunidad de Madrid “tenía que haber tomado decisiones antes”, especialmente enfocadas a reforzar el sistema sanitario y la atención primaria, con más rastreadores y personal de enfermería, y “siendo capaz de hacer un seguimiento a los contagios”, algo que, a su juicio, “no se ha hecho”.