La alcaldesa de Badalona: los empleados municipales no pueden denegar el uso de locales

La alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, ha enviado hoy una carta a la Fiscalía Superior de Cataluña en la que asegura que los empleados municipales no tienen facultades para autorizar o denegar el uso de los equipamientos locales para la celebración del referéndum del 1 de octubre.

La misiva llega después de que los Mossos d'Esquadra hayan comunicado un acta de requerimiento e información al personal municipal responsable de diversos equipamientos locales, en cumplimiento de una instrucción de la Fiscalía, donde les pedían que impidiesen la apertura de los centros para su uso en el 1-O.

“Si las llaves o contraseñas de seguridad hubiesen sido entregadas ya mediante un duplicado, o la Administración de la que depende tuviese una copia de seguridad, se le advierte de su obligación de impedir la apertura sin su autorización”, señalaba, textualmente, el acta de los Mossos.

Sabater ha explicado, en la carta, que el requerimiento de la policía es “improcedente” e “imposible de hacer efectivo”, pues la decisión de autorizar o denegar el uso de un espacio municipal es una “función reservada por ley a la autoridad local”.

En la carta la alcaldesa ha agregado que los empleados municipales “no tienen posibilidades de impedir un uso” de estos locales, pues es una función que corresponde a “las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.

Además, Sabater también señala que “la obligación impuesta a los empleados municipales queda vacía de contenido” ya que “la Instrucción número 6/2017, de 26 de septiembre, requiere a los Mossos d'Esquadra el precintado, antes del 30 de septiembre, de los locales designados como puntos de votación” para los actos del 1-O.

En este sentido, la alcaldesa de Badalona argumenta que los encargados de impedir la apertura de equipamientos municipales no han de ser los responsables de dichos centros, sino los agentes de la policía autonómica.

Sabater fue una de las primeras alcaldesas en responder afirmativamente al requerimiento de la Generalitat para ceder locales municipales para la celebración del referéndum del 1 de octubre, suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional.