Cuatro amenazas (irreales) sobre la falta de Gobierno
PP y Gobierno pusieron en marcha desde el 26J toda su maquinaria con un objetivo fundamental: presionar al PSOE para que facilitara la investidura de Mariano Rajoy. La mesa en la que se sienta Soraya Sáenz de Santamaría tras las reuniones del Consejo de Ministros o la presidencia del Congreso son algunos de los instrumentos empleados por los conservadores en su campaña. Pero algunas de sus amenazas se han demostrado irreales.
¿Desastre económico? El techo de gasto se puede aprobar. El PP alertó del desastre económico con posibles consecuencias en Bruselas que podría tener la falta de Gobierno aduciendo que no podía, por estar en funciones, aprobar el techo de gasto. Los conservadores alertaban de la posible parálisis económica del país y al aviso se sumó Ciudadanos. Sin embargo, la realidad es otra: la ley habilita a un Ejecutivo en funciones a aprobar una medida de estas características.
“Un Gobierno en funciones limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia, cualesquiera otras medidas”, dice la Ley del Gobierno. El PP terminó reconociéndolo, aunque el Ejecutivo aún no ha dado ningún paso para llevarlo al Congreso.
Las comunidades pueden tramitar sus cuentas. Una amenaza derivada de la anterior es que las comunidades autónomas tenían complicado aprobar sus presupuestos. Sin embargo, si el Gobierno en funciones fija el techo de gasto y el reparto por autonomías, se acaban los problemas. Los gobiernos regionales reclaman, al menos, esa orientación. La Junta de Extremadura pedirá directamente al Consejo de Estado que se pronuncie.
Las comunidades pueden poner en marcha el trámite para aprobar sus cuentas. De hecho, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el techo de gasto de la comunidad y el anteproyecto de ley de los presupuestos para que inicie el proceso parlamentario. “Lo máximo que puede pasar es que Hacienda nos obligue a corregirlos a lo largo de la tramitación”, expresan fuentes del Ejecutivo de Emiliano García-Page. “Las comunidades tienen autonomía para aprobar sus presupuestos, pero es mejor tener la información económica para hacerlo”, señalan fuentes socialistas.
Elecciones en Navidad. Rajoy decidió que la primera votación de su investidura fuera el 31 de agosto y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que es la autoridad a la que corresponde en exclusiva la convocatoria de ese pleno, obedeció. El problema de esa elección es que, sabiendo que no tendría los apoyos necesarios para sacar la investidura adelante, la falta de acuerdo podría conllevar que las elecciones fueran el día de Navidad, según los plazos que establece la ley.
El PP no dudó en usar esa decisión como un arma de presión, fundamentalmente para los socialistas.
El PP admite ahora que “tomarán medidas” para evitar que las elecciones sean el día de Navidad, pese a que la decisión fue en exclusiva de Rajoy y la ejecutó Pastor. Para sortear que las urnas tengan que colocarse ese día, el Congreso tendrá que modificar la ley electoral, que establece un plazo de 54 días desde que se disuelven las Cortes -que sería en la madrugada del 1 de noviembre- hasta la celebración de los comicios. El cambio supondría que ese periodo fuera de 47 días para que las elecciones se celebren el 18 de diciembre.
El aviso de las pensiones. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, usó su tiempo institucional desde la mesa del Consejo de Ministros para deslizar que la situación de interinidad podría dejar a los pensionistas y a los trabajadores públicos sin actualización de sus ingresos.
Ahora ha dado marcha atrás en esa pretensión inicial y pretende aprobar un real decreto para revalorizar tanto las pensiones como los salarios de los funcionarios, según ha publicado ABC.
