El juez del caso de las amenazas policiales rechaza investigar el acceso a los datos confidenciales del denunciante
Un miembro de la Policía Municipal de Madrid accedió a la base de datos que utilizan los agentes locales para conocer información como el domicilio o la matrícula de una persona. Una acción rutinaria. La particularidad es que ese agente utilizó la herramienta para buscar los datos personales de un compañero en el cuerpo que estaba siendo amenazado por otros policías, que ha tenido que cogerse una baja y vive con escolta policial. El juez que investiga a quienes le amenazaron de muerte rechaza indagar en este capítulo del caso.
El agente amenazado usaba el seudónimo de Ronin47 en el grupo de WhatsApp de la Policía Municipal en el que fue amenazado, y en el que se vertieron comentarios racistas y amenazas contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, contra otros políticos y periodistas y en el que también hubo hueco para las loas al fascismo. El caso está en manos del titular del juzgado número 42 de Madrid, que ha relegado las amenazas a un segundo plano para centrarse en las injurias contra Carmena.
El agentes estuvo sufriendo acoso durante meses. Una discusión sobre las bajas laborales motivó las amenazas más directas. “Conozco a gente mala, muy mala, lo de los mossos unos aficionados... cuidadito conmigo que no llegas ni a la jubilación anticipada que tanto añoras”, comenta uno. Otro le recrimina que está a favor “de los antisistema, de los que promueven el terrorismo, en resumidas cuentas, de Podemos”.
En su denuncia, aseguró que a partir de entonces se sucedieron las descalificaciones. Rojo de mierda, comunista o amigo de Carmena son algunos de los comentarios, junto a nuevas amenazas: “Los comunistas tenéis los días contados”. Tras conocerse los hechos el acoso no cesó: “Que este canalla lo pague, no se nos puede escapar”.
A pesar de ello, el juez ha rechazado investigar al agente que accedió a los datos del padrón del denunciante. Su defensa pidió en un escrito enviado el pasado 2 de febrero que se tomase declaración a F.J.D.G., el policía que consultó esos datos en el momento álgido de las amenazas. Su acción dejó rastro y por eso han podido identificarle.
Sin embargo, el juez considera que no procede interrogarle porque ya hay un expediente administrativo abierto contra él por esa acción. Aunque considera probada la conducta que se le imputa -“el acceso a los datos confidenciales del denunciante”- por sí sola no es “reveladora de la intención de causar mal alguno a dicho denunciante”.
Ese denunciante, agente de la Policía Municipal, entregó al juez documentación sobre el acceso a sus datos. En un grupo de Telegram que compartían varios agentes, entre los que están quienes profirieron las amenazas, uno de los integrantes puso un mensaje dando a entender que conocía sus datos personales -nombre real y domicilio- e invitaba a otros agentes a comprobar esos datos en el padrón municipal.
Los agentes de la policía local de Madrid tienen acceso a una herramienta llamada Ayre que permite acceder a esa información. Su uso está en principio restringido a mandos policiales y algunos agentes rasos, encargados de la emisora en cada unidad.
A pesar de la constancia de que un agente utilizó los medios a su disposición para conocer los datos de un compañero, que estaba siendo amenzado de muerte, el juez ha rechazado continuar por esa vía de la investigación. A cambio sí que ha aceptado la declaración como testigo de Emiliano Herrero, el responsable de CCOO -el sindicado al que pertenece el denunciante-, que también recibió amenazas.
Herrero, que ya declaró como testigo, está citado para el próximo día 13 de marzo, aunque el abogado de la acusación ha pedido un aplazamiento. En su comparecencia como testigo cuando se presentó la denuncia afirmó que las amenazas contra Ronin47 se producían por su condición de afiliado a CCOO. Además, podrá detallar las amenazas personales que ha recibido tras el estallido del caso.
