La oposición evalúa un posible antejuicio contra el presidente Jimmy Morales de Guatemala

La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de oposición, anunció hoy que estudia presentar una solicitud de antejuicio contra el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por haberse reunido en secreto con los nuevos dueños de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) envuelta en un escándalo de corrupción.

El jefe del bloque parlamentario de la UNE, Orlando Blanco, lamentó en una rueda de prensa la reunión “a escondidas” del mandatario con representantes de la firma holandesa Maersk, cuyo nombre salió a luz pública después del destape de la trama de corrupción en abril pasado.

Morales admitió este martes un acercamiento con representantes de la firma dueña de TCQ, en donde se destapó un escándalo de corrupción en el que fueron acusados, entre otros, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015).

Blanco dijo a los periodistas que es “lamentable” que el presidente realice “negociaciones a escondidas” con los de TCQ, y anunció que citarán a las autoridades del Ejecutivo para que expliquen el motivo del encuentro.

Además, aseguró el diputado opositor, no se descarta presentar una solicitud de antejuicio (levantar la inmunidad) para que el mandatario sea investigado.

En opinión del legislador, Morales pudo haber cometido los delitos de incumplimiento de deberes y usurpación por tener reuniones secretas sin la presencia del abogado del Estado cuando existe un proceso legal.

La procuradora general de la Nación, quien es la abogada del Estado, María Eugenia Villagrán, comentó a una emisora local que no participó en la reunión del presidente con los representantes de Maersk porque no se enteró.

La funcionaria, quien dejará el cargo el próximo 31 de mayo luego de haber renunciado por amenazas de muerte, calificó de “preocupante” que el gobernante se haya reunido con los dueños de TCQ sin su presencia.

La Terminal de Contenedores Quetzal supuestamente, cuando era propiedad de Terminal de Contenedores de Barcelona, pagó 30 millones de dólares, 24,5 de ellos a un grupo liderado por Pérez Molina y Baldetti, para que le otorgaran en 2012 un contrato para ampliar Puerto Quetzal, el mayor de Guatemala situado en el Pacífico, según las investigaciones del Ministerio Público (MP).

Por este caso están acusados y ligados a proceso 12 personas, entre ellos los exgobernantes y el representante legal y director de TCQ, el empresario español Juan José Suárez.