La corte de apelaciones del Noveno Circuito en la mira de Trump y los republicanos

La corte de apelaciones del Noveno Circuito, la mayor de Estados Unidos, está en la mira del presidente Donald Trump después de que paralizara varias de sus principales órdenes ejecutivas y vaya a tener que decidir sobre el bloqueo de fondos a las denominadas “ciudades santuario”.

“Hay mucha gente que quiere dividir el Noveno Circuito”, declaró Trump al Washington Examiner al tiempo de admitir que él mismo está considerando propuestas al respecto sobre ese tribunal, ubicado en San Francisco, California.

Pero no solo el presidente está molesto con la referida corte, puesto que ya hubo varios intentos legislativos anteriores que resultaron fallidos para dividirla por parte de republicanos, que la consideran como una “corte de apelaciones liberal”.

Actualmente hay una iniciativa presentada en febrero por los senadores republicanos Steve Daines, de Montana, y Dan Sullivan, de Alaska, que propusieron dividirla en dos circuitos.

“Es un 85 % más grande por población que el siguiente circuito y tiene tres veces más casos pendientes que el circuito que le sigue”, argumentó Daines al presentar su propuesta de separación.

Igualmente, los senadores republicanos de Arizona Jeff Flake y John McCain presentaron otra propuesta para dividir esta corte, “cuyas decisiones afectan el 40 % del territorio de Estados Unidos”, según indicaron.

No obstante, aparte del tamaño de su jurisdicción (nueve estados y dos territorios estadounidenses en el exterior), lo que parece crear más discordia es la forma en que toma las decisiones.

Hay extendido el criterio de que la corte de apelaciones del Noveno Circuito, que incluye 15 distritos federales, tiende a “politizar sus decisiones alineándolas con una mayoría progresista”.

Esta fue la opinión de Charlie Góngora, analista del Centro de Desarrollo del Oeste, una organización de investigación social.

“Es un secreto a voces que esta es la corte de apelaciones de la izquierda en el país”, dijo a Efe el académico.

Por supuesto, los defensores de las decisiones de esta corte han salido lanza en ristre a proteger “la opción de una interpretación jurídica adecuada a la realidad del país”.

“Especialmente en estos tiempos de políticas de odio establecidas por la Administración del presidente Trump, necesitamos jueces que defiendan a aquellos que no tienen quien los proteja”, dijo a Efe Jennie Pasquarella, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California.

“Para mí lo más importante -y es algo universal-, lo que uno quiere de un juez, ya sea de la corte del distrito o de la corte de apelaciones, es que sea objetivo, que no tenga tendencias políticas de ninguna forma”, declaró a Efe el abogado Nelson Castillo.

Para este experto en inmigración, quien reconoce que el Noveno Circuito es “una corte de prestigio” aunque nunca le tocó tramitar casos ante esta instancia, el papel fundamental de un tribunal es la aplicación correcta de la ley y no la interpretación política o personal de un juez.

“Que lea en una forma objetiva la ley que el Congreso ha dado y tome una decisión basada en la ley”, planteó el jurista.

De cualquier manera, las mismas cifras pueden ser interpretadas de forma diferente, como lo han sido las leyes en las decisiones de la controvertida corte de apelaciones.

Así mientras que el presidente Trump en uno sus mensajes en Twitter aseguró que “tiene un récord terrible de ser revertida (cerca al 80 %)”, otros aseguran que las cifras son insignificantes con respecto al volumen de casos que atiende.

En una evaluación pausada del mensaje del presidente en Twitter, el portal Politifact, dedicado a verificar la exactitud de los hechos o reclamaciones de los funcionarios electos, encontró que la información de Trump era “parcialmente correcta”.

En 2015, diez de las apelaciones del Noveno Circuito fueron revisadas por la Corte Suprema, que revirtió ocho de ellas, dando origen al hoy utilizado índice del 80 % de rechazo de sus decisiones.

Sin embargo, otros argumentan que con cerca de 12.000 casos atendidos, los ocho refutados son un porcentaje mínimo, aunque hay que tener en cuenta que la gran mayoría de esos casos no fueron apelados ante la Corte Suprema.

Entre 2010 y 2015 las apelaciones del Noveno Circuito tuvieron un índice de reversión por parte de la Corte Suprema del 79 %, aunque fueron superadas por el Undécimo Circuito con el 85 % y el Sexto Circuito con el 87 %.

Otro factor que hace muy peculiar a esta corte de apelaciones del oeste de EE.UU. es el hecho de que no es posible que actúe “en pleno”. El estar configurada por 29 jueces activos, en regiones tan distantes como Alaska o Arizona hace prácticamente imposible la práctica de que se reúnan todos en un solo lugar para atender una audiencia.

Debido a eso, está establecido que “el pleno” de esta corte está conformado por once jueces elegidos al azar, lo que no representa la interpretación de todos sus jueces.

“Ellos no son el Congreso y no pueden hacer leyes. Tienen el deber de interpretar las leyes en el contexto de la Constitución de los Estados Unidos”, indicó el abogado Castillo.