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Aragón y las dos Castillas piden que despoblación pese en reparto fondos UE

Aragón y las dos Castillas piden que despoblación pese en reparto fondos UE
Talavera de la Reina (Toledo) —

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Talavera de la Reina (Toledo), 11 dic (EFE).- Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha, tres comunidades afectadas por el problema de la despoblación, han solicitado al Gobierno que los criterios relativos al reto demográfico sirvan de referencia para la distribución de los fondos de la UE de Nueva Generación.

Éste es uno de los puntos que se incluyen en la declaración institucional conjunta que han firmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; su homólogo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y el presidente de Aragón, Javier Lambán, que se han reunido este viernes en Talavera de la Reina (Toledo), acompañados por los consejeros de Sanidad y los vicepresidentes de las tres comunidades autónomas.

Estas tres regiones también han manifestado su voluntad de constituir un grupo de trabajo conjunto para la coordinación de proyectos auspiciados por las tres comunidades autónomas que puedan concurrir a la captación de los fondos europeos para la recuperación y la resiliencia.

Asimismo, han acordado convocar a las ocho comunidades autónomas que integran el Foro de Regiones Españolas con Desafío Demográfico (Fredd): Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

También se han propuesto impulsar la cooperación y coordinación entre los Gobiernos regionales para que los fondos Nueva Generación sirvan para promover la cohesión económica y social, así como la vertebración y el reequilibrio territorial en el marco del reto demográfico; fortalecer la capacidad de recuperación económica y social, orientada a la bioeconomía; mitigar el impacto social y económico de la crisis sanitaria y apoyar las transiciones verde y digital en todo el territorio.

En este encuentro, asimismo, se han renovado los protocolos de colaboración sanitarios para las poblaciones limítrofes con objeto de ampliar el marco de cooperación entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Aragón y la Junta de Castilla y León, a través de sus respectivos servicios públicos de salud, para la prestación de asistencia sanitaria incorporando la vigilancia epidemiológica de la salud en el contexto de la covid-19.

Además, Castilla y León y Castilla-La Mancha han renovado el convenio sanitario por el que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) atiende a 30.000 ciudadanos de la provincia de Ávila que residen cerca del hospital de Talavera, y también Castilla-La Mancha ha renovado con Aragón el convenio por el cual el sistema de salud aragonés atiende a los pacientes de la zona de Molina de Aragón (Guadalajara).

En la rueda de prensa posterior a la reunión, que se ha celebrado en el Museo Ruiz de Luna de Talavera de la Reina y que se ha prolongado durante dos horas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido que los presidentes de las tres comunidades autónomas que se han reunido entienden “España de la misma manera” y entienden “la financiación, la viabilidad, la sostenibilidad de España desde la perspectiva de su eficacia y de su gestión de una misma manera”, con el objetivo de que los ciudadanos puedan acceder en igualdad de condiciones a todos los servicios básicos, con independencia de dónde vivan.

Por su parte, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido la “especial importancia” de los fondos europeos para trazar el modelo territorial que buscan la Unión Europea y España, por lo que ha demandado que no se centre únicamente en las “grandes urbes” sino que atienda la necesidad de “reequilibrar” las dinámicas demográficas existentes entre el interior y la costa en el caso de España.

Y el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha hecho hincapié en las similitudes de las tres autonomías, que además de tener un legado histórico importante, en la actualidad reclaman un nuevo sistema de financiación autonómico justo, algo que es “un deber constitucional, patriótico y de estricta justicia” para que el principio de igualdad entre los españoles sea efectivo.

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