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El fiscal pide archivar el caso de la presunta mordida para una campaña de Cospedal

La petición del fiscal llega en pleno juicio de Gürtel y sin que se haya resuelto la reapertura del caso de la caja B

Asegura que no hay delito en la decisión del Ayuntamiento de incrementar en 11 millones el presupuesto para apagar un conflicto laboral de SUFI

Aunque pudo haber irregularidades, el fiscal entiende la urgencia de la decisión por la cercanía de "la mayor fiesta de la ciudad de Toledo"

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Cospedal: "Estoy muy bien donde estoy"

Cospedal, durante un pleno del Congreso. EFE

El fiscal del caso que investiga la concesión de un contrato a cambio de una mordida del 3% para una campaña electoral de María Dolores de Cospedal ha pedido el archivo de la causa. En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo solicita cerrar la investigación, que trata de aclarar si hubo prevaricación administrativa a favor de la empresa de limpieza SUFI, filial de Sacyr, donante de la caja B del PP.

La causa se abrió a finales de 2015, tras la revelación de Luis Bárcenas, que declaró en la Audiencia Nacional que había recibido 200.000 euros de la empresa Sacyr, que posteriormente le había entregado al gerente del PP castellano-manchego, José Ángel Cañas, quien firmó un recibí de la operación. El destino del dinero era la campaña electoral de María Dolores de Cospedal a la Presidencia de la Comunidad de Castilla-La Mancha en 2008.

Los 200.000 euros del recibí  equivalen al 3,2% de los 6,1 millones a los que ascendió la adjudicación del contrato para la recogida de basuras en Toledo, por espacio de diez años, a SUFI, una filial de Sacyr. La investigación iniciada por el juez Pablo Ruz, que luego derivó el caso a Toledo, no vio delito en la concesión del contrato en 2007, pero sí en una decisión posterior que trató de cerrar un conflicto laboral de SUFI justo antes de las elecciones.

El fiscal no lo cree así. En el escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, Luis Ibáñez considera que no puede hablarse de un delito de prevaricación administrativa en la decisión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo. Este órgano municipal aprobó un protocolo para aumentar en 11,3 millones el presupuesto de basuras y dar carpetazo a un conflicto laboral de SUFI con sus empleados, que reclamaban mejoras salariales.

En su escrito, en respuesta al recurso de reforma interpuesto por Jose Manuel Molina, exalcalde de Toledo, el fiscal defiende que "la omisión de los trámites normativos en la actuación" no puede entenderse como un delito. La Junta de Gobierno tomó la decisión de aumentar el presupuesto sin un informe previo, de manera urgente y a cuatro días de las elecciones municipales.

La actuación administrativa "independientemente de lo acertada o desacertada que nos pueda parecer", no es contraría a la ley, defiende el fiscal. De hecho, justifica la decisión del gobierno municipal por la cercanía de la fiesta más importante de Toledo.

"No podemos dejar de recordar que un conflicto laboral (huelga) en relación con los servicios de limpieza y basuras unos días antes de la mayor fiesta de la ciudad de Toledo (Corpus Christi), es suficiente acicate como para flexibilizar exigencias de los negociadores en tanto en cuanto responsables municipales", escribe el fiscal, que añade que el acuerdo fue validado más tarde por un gobierno de distinto signo político.

En definitiva, el fiscal pide al juez que archive la causa porque aunque puede haber irregularidades administrativas, estas no suponen "la comisión de un delito". La petición del fiscal se produce antes de que declaren como imputados siete miembros del equipo de Gobierno municipal del Partido Popular, citados para que den explicaciones por su papel en la concesión.

El escrito del Ministerio Público también llega en pleno caso Gürtel, en el que el nombre de SUFI ha salido a relucir en varias declaraciones. Francisco Correa admitió que había cobrado una comisión de esa empresa a cambio de la adjudicación de un contrato en Madrid, y que una parte de esa mordida fue a parar al exconcejal del PP Alberto López Viejo.

Anticorrupción aún no ha tomado la decisión sobre si reabre el caso de la caja B del PP, como han pedido Adade e IU. La Fiscalía ha estado revisando la declaración de Correa, en la que aseguró que cobraba, en nombre del PP, el 3% de las grandes obras públicas durante el gobierno de José María Aznar.

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