Los gastos de campaña, asignatura pendiente del sistema electoral argentino

Elecciones primarias locales, provinciales y nacionales, legislativas, al Parlasur, generales y, por último, la inédita segunda vuelta de las presidenciales han convertido este 2015 en Argentina en una enorme campaña política.. ¿cuánto cuesta todo esto? Nadie puede decir una cifra total.

Aunque la falta de transparencia en la financiación de las campañas políticas no es un problema sólo de Argentina, la complejidad del sistema, la convivencia de diferentes marcos legislativos y la falta de mecanismos efectivos de control complican la tarea de revisar de dónde vienen los ingresos y en qué se gastan el dinero las fuerzas políticas.

“Los partidos mienten cuando declaran sus gastos de campaña y subestiman muchísimo los ingresos y los gastos”, explica a Efe Pablo Secchi, director ejecutivo de la fundación Poder Ciudadano.

No hay, por el momento, datos confirmados sobre lo que va a costar la campaña para la segunda vuelta del oficialista Daniel Scioli (Frente para la Victoria, FpV) ni del conservador Mauricio Macri (Cambiemos), ya que los partidos no están obligados a declarar sus números hasta transcurridos dos meses de los comicios.

El Estado aporta unos 18 millones de pesos a cada contendiente (unos 1,8 millones de dólares) para gastos generales -como la impresión de las papeletas- pero, para la primera vuelta del 25 de octubre, una ayuda pública similar supuso sólo entre un 10 y un 20 % de los ingresos declarados por los grandes partidos.

“El aporte público es muy pequeño para los partidos grandes pero para los partidos pequeños configura casi el 100 % de los ingresos”, apunta Secchi.

Según un informe de Poder Ciudadano, Cambiemos declaró unos ingresos para la primera campaña de 93 millones de pesos (casi 10 millones de dólares) y el FpV 54 millones de pesos (más de 5 millones de dólares).

“El Frente para la Victoria, con una elección de la misma magnitud de publicidad casi que Cambiemos, declara la mitad de los ingresos y gastos, lo cual ya resulta curioso”, señala Secchi, aunque la falta de transparencia afecta a todos los grupos.

El director ejecutivo de Poder Ciudadano considera, de hecho, que tanto los gastos como los ingresos “deben duplicar, o más incluso, lo que declaran los partidos políticos”.

La financiación declarada hace solo referencia a lo que duran oficialmente las campañas, es decir, alrededor de 30 días antes de los comicios, pero la “campaña política real dura más de un año”, indica Secchi.

A los gastos no declarados hay que sumar los incalculables desembolsos del resto de comicios celebrados previamente o en simultáneo a las presidenciales: gobernadores, alcaldes, legisladores...

La coexistencia de dos tipos de regulaciones distintas, provincial y nacional, crea vacíos legales ya que la normativa regional es más laxa.

“En 21 de las 24 provincias de Argentina no hay control a los informes de gastos de campaña que entregan los partidos”, comenta a Efe Julia Pomarés, directora del programa de Instituciones Políticas del Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

Así, si en una provincia coinciden elecciones a gobernador con presidenciales, las campañas se solapan y es difícil de identificar el origen del dinero de actos proselitistas conjuntos, cartelería o difusión.

Tampoco ha tenido “consecuencias positivas” la reforma electoral que en 2009 prohibió las donaciones de las empresas, ya que, en la práctica, “sigue habiendo este tipo de donaciones pero no se declaran”, explica Pomarés.

“Se declaran donaciones de ciudadanos que no son donantes realmente y son las empresas las que ponen el dinero”, detalla Secchi.

En otros casos, las aportaciones “entran en negro en la campaña, sea por contratación de servicios directamente o sea porque el dinero corre por otros canales”, según Secchi.

Además, no está suficientemente controlado el “uso de los recursos del Estado para hacer campaña”, ya que a nivel nacional la regulación es “muy laxa” y al provincial es “casi nula”, lo que “implica una ventaja para quienes están en el oficialismo”, advierte Pomarés.

“Va más allá de la publicidad, es el uso del recurso estatal de cualquier tipo, desde un bien inmueble, un medio de transporte, las inauguraciones o los actos de gobierno en campaña electoral”, añade.

Además, no hay mecanismos de control eficaces porque la Justicia electoral tiene “muy pocos recursos” y “muy poco apoyo político” para aplicar sanciones significativas, indica Secchi.

Pese a algunos avances, como el fomento de la bancarización de las donaciones, la transparencia en la financiación en la campaña es una cuenta pendiente que quedará para la próxima legislatura.