Tres asociaciones de jueces creen que la ley de seguridad limita libertades

Tres asociaciones de jueces han considerado hoy que la nueva ley de seguridad ciudadana supone “fuertes” limitaciones de los derechos fundamentales y las libertades ciudadanas.

En declaraciones a Efe, Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación de Jueces y Magistrados “Francisco de Vitoria” y el Foro Judicial Independiente han calificado de “desproporcionadas” e “inconstitucionales” las sanciones previstas por los escraches o las manifestaciones pacíficas ante el Congreso.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha subrayado que resulta “inadmisible” que el Gobierno acuerde medidas “represivas” sobre conductas como los escraches o las manifestaciones pacíficas ante edificios públicos, que los tribunales han determinado que no son ni delito ni falta.

La nueva ley de seguridad ciudadana deriva al ámbito administrativo castigos de mucha importancia, sin las garantías de independencia e imparcialidad que tienen los tribunales, ha explicado Bosch.

Además, ha agregado, si los ciudadanos quieren recurrir estas sanciones, tendrán que acudir a un tribunal contencioso-administrativo y pagar tasas judiciales, a diferencia de la jurisdicción penal, en la que no hay tasas.

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados “Francisco de Vitoria”, Marcelino Sexmero, ha indicado que el borrador de la ley de seguridad ciudadana supone “una clara extralimitación” en la potestad sancionadora por parte del Gobierno, al castigar conductas que ya están tipificadas en el Código Penal.

Las sanciones por una falta administrativa llegan a ser “confiscatorias” del patrimonio de las personas, ha apuntado Sexmero, quien ha criticado la “desproporción” entre la cuantía de las sanciones y la descripción de las conductas.

Por su parte, el portavoz del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, ha opinado que “no se puede legislar en caliente” y ha censurado que el Gobierno decida modificar la ley, a la vista de que no le gustan las sentencias absolutorias que se están produciendo por casos de escraches o manifestaciones pacíficas ante el Congreso.

Los movimientos ciudadanos en los últimos años se han manifestado de forma pacífica dentro de los límites que marca el derecho de reunión y manifestación y la libertad de expresión, según Dolado, quien ha recalcado que “no es necesario dar una nueva vuelta de tuerca” con la ley de seguridad ciudadana.

Efe ha intentado recabar la opinión de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) sobre este asunto, pero no ha sido posible porque su representante se encontraba en una reunión.