La Audiencia Nacional investiga a ANC por “impulsar” mociones independentistas

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) por delitos de rebelión y sedición por “impulsar” y “promover” las mociones de ayuntamientos catalanes de apoyo a la resolución independentista del Parlament catalán, anulada por el Tribunal Constitucional.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado acepta la competencia para investigar la posible ilegalidad de la moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) y pide a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los Mossos d'Esquadra información tanto de la ANC como de la Asociación de Municipios por la Independencia de Cataluña (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM).

A las tres las considera “impulsoras y promotoras de la tramitación de las mociones” de apoyo a la declaración del Parlament y por ello pide información a los cuerpos de seguridad sobre sus “estatutos, componentes, fecha de constitución, mecanismos y vías de financiación y actividades desarrolladas”.

El juez adopta esta decisión, a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al considerar que estas mociones pudieron encuadrarse en los delitos de sedición, rebelión y contra la forma de Gobierno, así como en otros delitos conexos, que el ministerio público encuadra en los de prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones o uso indebido de fondos públicos.

En su auto, el juez acuerda todas las diligencias pedidas por la Fiscalía en cuanto a ANC, AMI y ACM, incluyendo la petición a Policía, Guardia Civil y Mossos de si el Ayuntamiento de Vic está integrado en alguna de ellas.

También les pide -concretamente a la Jefatura de Información de la Guardia Civil, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y el comisario jefe de los Mossos- la lista de los ayuntamientos en los que se hayan aprobado mociones similares a la de Vic, que se votó el pasado 9 de diciembre, siete días después de que el Constitucional declarar ilegal la resolución del Parlament, del 9 de noviembre.

En esa lista, los cuerpos de seguridad deberán detallar la forma de inclusión de la propuesta en el orden del día de los plenos, las fechas en que se votaron, si en ellas se facultó al alcalde a llevarlas a cabo “ejecutando los actos pertinentes”, los partidos políticos que representaban los concejales que apoyaron la moción y el sentido de los informes emitidos por los secretarios de los consistorios.

En el caso de Vic, el secretario municipal incluyó en su informe las advertencias jurídicas en las que podría incurrir el Ayuntamiento con la votación, señala el juez.

Diferentes jueces de instrucción de la Audiencia Nacional abrieron investigaciones sobre municipios catalanes a raíz de la aprobación de mociones de este tipo y dos de ellos, Carmen Lamela y José de la Mata, archivaron sendas diligencias, concretamente las de Premiá de Dalt y Sant Cugat del Vallés, ambos en Barcelona.

Lamela argumentó que los concejales no incurrieron en esos delitos porque sus actos “no pueden ser calificados de violentos”, como precisa el delito de rebelión, “ni tumultuarios”, como requiere el de sedición.

Otros magistrados, como Santiago Pedraz y Fernando Andreu, mantienen abiertas sus diligencias, en este caso por las mociones aprobadas por los plenos de Celrá (Girona) y La Seu d'Urgell (Lleida).