La Audiencia Nacional revisa hoy la prisión de 5 de los 7 CDR detenidos

La Audiencia Nacional revisa este miércoles los recursos contra la prisión de cinco de los siete integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) encarcelados desde el 23 de septiembre por terrorismo, entre ellos Ferran Jolis, quien admitió los hechos ante la Guardia Civil.

La Sección Segunda de lo Penal es la encargada de estudiar los recursos de estos cinco miembros del autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT) -Jolis, Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón, Xavier Buigas y Alexis Codina-, en una vista a puerta cerrada y para la que no serán trasladados a la Audiencia Nacional, al estar representados por sus defensas, que reclaman su puesta en libertad.

Estos cinco recursos de apelación son los que hasta el momento han llegado a la Sala de lo Penal, si bien los otros dos miembros del grupo también han pedido quedar en libertad. En todos los casos la Fiscalía se opone, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Según desvelaron fuentes de la investigación, Jolis, Duch y Garzón participaron en 2018 en una reunión con una hermana de Carles Puigdemont para entregarle “documentación sensible” y establecer “comunicaciones seguras”, actuando ésta como supuesto enlace entre los CDR, el expresidente catalán y su sucesor Joaquim Torra.

Jolis, uno de los dos únicos detenidos que declararon ante la Guardia Civil, dijo que el área de Presidencia de la Generalitat encargó ayuda logística a los CDR para que Torra, al que apodaban Gandalf, se encerrara con ellos en el Parlament “el día D”, en respuesta a la sentencia del “procés”, para declarar la independencia.

Según la investigación, que se inició en 2017, los siete detenidos podían haber incurrido en delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos, y conspiración para causar estragos.

La pasada semana se levantó parte del secreto de sumario que pesa en este procedimiento, que cuenta también con una pieza separada, que permanece reservada, en la que se ordenó la clausura de las páginas web de la plataforma Tsunami Democràtic, promotora de las movilizaciones contra la sentencia del “procés” y a la que también se investiga por delitos de terrorismo.