Los gobiernos han autorizado dos referendos nacionales y uno regional, tres consultas autonómicas y 24 municipales

En su texto, el Ejecutivo explica que desde la aprobación en 1980 de la Ley que regula las distintas modalidades de referéndum, ha dado el visto bueno a dos referendos sobre decisiones políticas de especial trascendencia: el de la permanencia de España en la OTAN, que tuvo lugar en el año 86, y el relacionado con la ratificación de la Constitución, europea, en el año 2005.

La celebración de dichas consultas, según recoge la Constitución española, requiere una convocatoria por parte del Rey, previa propuesta del presidente del Gobierno y autorización del Congreso de los Diputados. Unos pasos que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, habrá de seguir si quiere cumplir con la legalidad a la hora de celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

ANDALUCÍA Y GALICIA

Además, en su respuesta, que recoge Europa Press, el Ejecutivo informa de que ha permitido la convocatoria de un referéndum a nivel autonómico para modificar el Estatuto de Andalucía, comunidad a la que también ha autorizado celebrados dos consultas más: una para proceder al acceso a la autonomía (1980) y otra de aprobación de su Estatuto (1981), una pregunta que el Gobierno de turno también accedió que Galicia hiciera a sus ciudadanos.

En este punto, el Gobierno recalca que Cataluña y País Vasco también celebraron referendos para aprobar sus respectivos textos estatutarios, pero que en ambos casos éstos tuvieron lugar antes de la aprobación de la citada Ley de regulación de los referendos.

No pasa por alto el Ejecutivo en su respuesta el referéndum que Cataluña celebró en 2006 para reformar el Estatuto catalán, que no tuvo necesidad de ser autorizado porque su celebración ya venía impuesta por el propio texto autonómico, que exige la aprobación del Parlamento catalán, de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica y, por supuesto, la respuesta positiva de los electores.

36 VECES HA DICHO NO

La respuesta parlamentaria también detalla que son 24 las veces en que el Gobierno ha accedido a que determinados municipios celebraran consultas a sus vecinos sobre temas estrictamente locales, con excepción de los relativos a la Hacienda municipales. Por contra, son 36 las ocasiones en las que se ha decantado por el no.

Se trata de consultas sobre asuntos como el trazado de carreteras, el nombre de un municipio, la ampliación del casco urbano, la celebración de ferias y fiestas, la instalación de un vertedero o la instalación de líneas de alta tensión.