Los ayuntamientos alegan que no cambian nombres franquistas de las calles porque los vecinos están acostumbrados

Algunos ayuntamientos alegan que no cambian los nombres de las calles de origen franquista porque la mayoría de los vecinos no quieren, al estar acostumbrados a una denominación y entender que un cambio podría producir problemas.

Esta es la respuesta que la Defensora del Pueblo ha recibido de diversos municipios a los que se ha dirigido ante la queja de algunos vecinos porque mantienen calles, plazas y parques con denominaciones que consideran “una exaltación de la guerra civil y de la dictadura”.

En el informe anual que elabora esta institución se incluyen quejas por este asunto, por acuerdos u omisiones municipales que han supuesto el mantenimiento de nombres franquistas incumpliendo así la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Cuando la Defensora se ha dirigido a los ayuntamientos en cuestión, una de las razones argumentadas es que “la mayoría de los vecinos” creen que cambiar el nombre podría “producir problemas”, ya que están acostumbrados a la vieja denominación.

También aseguran otros municipios que las placas están colocadas en ocasiones en templos, que no son competencia municipal sino de la Iglesia Católica, la responsable de retirarlas.

GRABAR LOS PLENOS MUNICIPALES

La Defensora asegura en su informe que ha recibido también un buen número de quejas de concejales que protestan porque sus alcaldes no les facilitan documentación que tienen derecho a revisar. La institución les ampara y recuerda a los alcaldes que “el derecho a acceder a documentos debe ser atendido en sentido amplio”.

Además, en 2014 siguieron llegando protestas porque los alcaldes impiden grabar los plenos municipales “sin casu suficiente”. La Defensora explica que cada vez son más abundantes las sentencias judiciales favorables a esta pretensión, pero como no existe una normativa básica los alcaldes “se amparan en la discrecionalidad”.

La Defensora propuso por ello al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un cambio en la ley para dejar claro que está permitido grabar los plenos, pero el ministerio respondió que con la Ley de Transparencia los plenos podrán emitirse por la web y quedar allí guardados.

La institución insiste en que no se trata de eso, sino de que los ciudadanos puedan grabar las sesiones, cosa diferente a que el ayuntamiento las 'cuelgue' en la web municipal. Por ello, ha sugerido a los alcaldes que con carácter general no impidan las grabaciones si se comunican previamente y se protejan los datos personales.

QUEJAS POR COMUNIDADES

La Defensora del Pueblo recibe quejas presentadas directamente por los ciudadanos, pero también las que tramitan entidades y organismos y los defensores autonómicos.

Estos son nueve y entre todos ellos, han remitido a la institución 1.820 quejas, un 15% menos que en 2013. El Defensor del Pueblo Andaluz envió el 20% del total (377), el Síndic de Greuges catalán el 16% (297), el Justicia de Aragón el 15% (273), el Diputado del Común canario el 12,4% (226).

El Síndic de Greuges valenciano envió el 10,8% del total (198), el Procurador del Común de Castilla y León el 9,6% (176), el Valedor do Pobo gallego el 6% (111 quejas), el Defensor del Pueblo de Navarra remitió el 4,95% del totaol (90) y el Ararteko vasco el 3,96% (72).

Por otro lado, los ciudadanos presentaron directamente ante la Defensora del Pueblo 21.319 quejas, procedentes de todas las autonomías: Madrid (7.227), Comunidad Valenciana (3.690), Andalucía (2.252), Cataluña (1.813), Castilla y León (1.182), Galicia (1.047), Castilla-La Mancha (927), Murcia (755), Canarias (746), Aragón (745), Extremadura (396), Asturias (384), País Vasco (360), La Rioja (345), Baleares (342), Cantabria (259), Navarra (208), Melilla (52) y Ceuta (43).