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Ayuso cree que el contrato con Room Mate se subió para perjudicar su imagen

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (arriba) y su vicepresidente, Ignacio Aguado (abajo) durante una sesión de control al ejecutivo regional en la Asamblea de Madrid.

EFE

Madrid —

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el contrato “inexistente”, “mal escrito” y “completamente falso” que se subió por parte de un empleado de la Consejería de Políticas Sociales al Portal de Contratación de la Comunidad “iba directamente destinado a perjudicar” su imagen “ y la del ”empresario“ Kike Sarasola, presidente de Room Mate.

A su juicio, los “hechos” son que cuando se subió el contrato “en un lugar escondido” del Portal era “tarde” y “en ese momento” un medio “lo capturó” de forma “calculada” y se “repartió por los medios”, ha indicado la presidenta en una entrevista en Telecinco.

“El contrato ni era real ni existía, y eso puede entrar, a mi juicio, en un delito, por lo que me veo obligada a investigar quién ha sido y conocer qué ocurre”, ha aseverado Díaz Ayuso, que ha concluido que la Comunidad es una región “seria, transparente y eso no se puede hacer”.

Según publicó el lunes pasado la revista 'Vanity Fair', Ayuso está instalada desde el 16 de marzo pasado en un apartahotel de lujo de la capital propiedad del empresario Kike Sarasola, presidente de Room Mate.

Esta cadena hotelera ha cedido a la Comunidad de Madrid sus seis hoteles en la capital durante la pandemia, cuatro para personal sanitario y otros dos para personas mayores sin coronavirus.

De los dos hoteles destinados a personas mayores sólo se ha puesto uno en marcha, sobre el que la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid firmó un contrato en el que figura como adjudicatario la Coordinadora del Tercer Sector, encargada de prestar los servicios socisanitarios.

Sin embargo, en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid llegó a figurar como adjudicatario del contrato Room Mate por un importe de 565.749,58 euros con IVA incluido.

Un “error” según fuentes de la Consejería de Políticas Sociales (en manos de Ciudadanos), que ha decidido cesar a un técnico tras recabar el miércoles pasado “la versión de todas las personas implicadas” y constatar “que lo ocurrido responde a un error humano de carácter administrativo”.

La Consejería cambió posteriormente en el Portal de Contratación el nombre del adjudicatario por el de la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid y redujeron el importe a 240.443,57 euros IVA incluido.

El contrato firmado, con fecha de 16 de abril, cifra en 157.393,47 euros el coste total del servicio, un importe inferior a la estimación inicial de 240.443,57 que hizo la Consejería, que justifica esa diferencia en la necesidad de hacer “una retención de crédito” en una situación de emergencia.1011932

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