Baltasar Garzón: “Vox está en el punto de inflexión del populismo al fascismo”

Alejado todavía de los despachos de la Audiencia Nacional, a los que dice querer volver tras el dictamen a su favor del comité de Derechos Humanos de la ONU, Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 1955) ha dedicado los últimos meses a escribir un libro sobre el fascismo al que se enfrentó en varias ocasiones desde los tribunales, con el proceso contra el dictador chileno Augusto Pinochet y su histórica detención o los juicios contra represores de la última dictadura militar en Argentina. 

En 'Los disfraces del fascismo' (Planeta), Garzón rehúsa definir el término pero aporta algunas claves y advierte del peligro de su avance en España, a través de Vox. “El Partido Popular no es consciente o no quiere ser consciente del riesgo que comporta gobernar con la extrema derecha”, censura durante una extensa conversación en la que también aborda las rémoras franquistas que aún quedan latentes en la Justicia y en la que vuelve a pedir al Gobierno que acate el dictamen de Naciones Unidas. 

No hay una palabra unánime para describir este periodo de regresión democrática global. Ultraderecha, supremacismo, populismo. Usted habla de fascismo, ¿por qué?

A partir de la derrota oficial del fascismo y del nazismo en 1945, la palabra prácticamente desaparece. En algunos países incluso es perseguida y comienza a disfrazarse. Es decir, el fascismo no desaparece de la noche a la mañana. Hoy no estamos en presencia del fascismo histórico de esas dos décadas, evidentemente. Pero una de las características de los fascismos es precisamente aparecer en cada momento histórico en función de las necesidades que tiene, con cualquier vestimenta o ropaje que lo disfrace en función del estatus y de la situación. Ese disfraz se lo va quitando. Esa máscara desaparece o porque quienes lo desarrollan se la quitan a sí mismos o porque se les descubre.

Lo que yo digo es que hay que llamar a las cosas por su nombre, hay que ir a la esencia y ver qué conductas están desarrollándose. Por eso yo renuncio a definir el fascismo en mi libro. Yo lo que hago es enumerar las características que definen una conducta, una ideología o una actitud como fascista: es este supremacismo de la idea grupal, del enemigo externo o el uso de la violencia, aunque esto tiene matices. 

¿Qué matices?

Por ejemplo, en la actualidad, los grupos de extrema derecha o de ultraderecha que ya participan en algunos elementos del fascismo se han dado cuenta de que la violencia no suma en una sociedad como la actual. Entonces, vas a encontrar a los movimientos de extrema derecha, de ideología fascista que rechazan la violencia pero que cuando llega el momento de la condena, no hay una condena clara, hay una comprensión. Es decir, es muy sutil y no es menor el desarrollo que hacen precisamente para generar ese disfraz o que mantenga esa apariencia democrática de grupos, personas, ideologías que no son democráticas y cuya finalidad es implosionar el sistema.

No estamos en este momento. Si a mí me preguntas: ¿usted cree que en este momento está pasando esto? Yo diría que no. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Vamos a analizar los hechos. Vamos a analizar cuáles son los discursos, cuáles son los ataques a derechos consolidados, cuáles son los mecanismos a los que acude, cuál es la vaciedad, banalidad o contundencia de los discursos. Y entonces hagamos el análisis comparativo y nos vamos a encontrar con que hay una expansión muy preocupante en muchos países.

En el libro dedica un capítulo a hablar de los errores que favorecen el fascismo. ¿Cuáles?

Por ejemplo, no prestarle atención. Estamos en una campaña electoral en Andalucía. Ayer mismo (por el miércoles) hubo un debate en televisión donde se percibe uno de los mecanismos que yo creo que es idóneo para combatir el fascismo. El fascismo se nutre del discurso hueco, es pura referencia a valores pero vacíos. Cuando hablan de patria, no hablan de la patria real que yo puedo defender, que es un país diverso como España, que hay que defenderlo, que hay que establecer mecanismos de igualdad, aproximación, justicia social, etc. No, eso no es. Cuando hablan de la inmigración, no hablan de cuál es el problema real; dicen que son delincuentes, que nos quitan el trabajo. Esto está vacío, se comprende a poco que profundices que está hueco. 

Bueno, pues ayer se vio, pero ha habido mucho tiempo en que la izquierda, los partidos progresistas, no lo han combatido. Por supuesto, la derecha, a otro nivel, se ha aprovechado de esa ultraderecha fascista. Primero fue: no hay problema con esto, no alimentemos a la bestia. Claro, pero la bestia come, la bestia sigue avanzando. En 2016, Vox tenía 70.000 votos. En 2018, pegó una subida impresionante en Andalucía y después en las generales, por defectos de la izquierda o de los progresistas de ponerse de acuerdo, de 24 escaños subió a 52 [entre el 28A y la repetición electoral del 10 de noviembre]. En cuatro meses y sin nada que justificara ese aumento.

Antes de que llegara la extrema derecha a España, muchos pensaban que este país era una excepción, porque en no pocos países de Europa ya era casi una normalidad. 

Ese es el error. Pensar que sigue siendo válido eso de que en España somos así, que hay algo diferente. Pero sí es verdad que creíamos que estábamos vacunados porque habíamos vivido 40 años de dictadura y luego una Transición donde aparentemente, no es mi opinión, se había derrotado al franquismo. Yo creo que sigue latente en muchos ámbitos, aunque haya un discurso de que la Transición sanó todo. No, no todo se salvó y dejamos que creciera. Pensábamos que España era diferente y que estaba realmente curada, pero hay un momento en que, desde 2012 o 2013, empieza un discurso cada vez más radical, porque cuando aparecen más partidos políticos es cuando esto se demuestra. 

Mientras había una especie de bipartidismo de hecho, aunque hubiera otros grupos políticos regionales o nacionales más pequeños, el Partido Popular aglutinaba todo. Nadie necesitó salir del Partido Popular. Cuando el partido entra en crisis por múltiples razones, ya sea la corrupción o el liderazgo que se sustituye, se produce una escisión dentro del Partido Popular, que probablemente tendría que haber sido el propio PP el que percibiera que esto iba a ocurrir. Y los partidos de la izquierda venían a decir: bueno, es una cuestión del PP. Se dejó un espacio ahí que dio cabida al discurso facilón, tramposo, de una serie de sujetos que aprovecharon esa especie de calma chicha durante unos años y encontraron el terreno abonado. Si no, ¿qué sentido tiene que Vox surja como de la noche a la mañana en Andalucía? En un territorio, una comunidad que es la mía, donde si ha habido algo son políticas sociales, desarrollo político mayoritariamente, hasta hace cinco minutos, de la izquierda, desde que comenzó la autonomía. 

Por tanto, ¿a quién se le puede echar la culpa del surgimiento de la extrema derecha en Andalucía? Evidentemente a los dos partidos dominantes que no han hecho nada, uno en el Gobierno, otro en la oposición y ahora en el propio Gobierno, para que esto se detenga. ¿Entonces, en este momento, de quién es la responsabilidad de que la extrema derecha no solamente resurja sino que aumente? Está gobernando el Partido Popular y además con apoyos, ¿no? Algo de responsabilidad tendrá.

Vox ha entrado por primera vez en un Gobierno en Castilla y León, ahora puede pasar en Andalucía. ¿Es un punto de inflexión?

Aquí el problema es que, desde mi punto de vista, el Partido Popular no es consciente o no quiere ser consciente del riesgo que comporta gobernar con la extrema derecha. El Partido Popular Europeo es clarísimo. Incluso cuando entró la extrema derecha en Castilla y León manifestó su oposición absoluta a que eso ocurriera. Hay un cordón sanitario, es decir, no se niega el desarrollo de una opción política en ese sentido, pero cuando se trata de entrar a formar Gobierno, al menos en parte de Europa se levantan todas las alarmas. Y sobre todo cuando esos postulados claramente atacan, por ejemplo, a la propia base de la Unión Europea y a derechos consolidados. 

El Partido Popular en España ha roto esa línea de contención y ha optado por el poder, no por la defensa de los ciudadanos. Ese es el discurso. Pero es un discurso falso, desde mi punto de vista. Es el poder. Ha querido tener el poder a cualquier coste y ha aceptado lo que decían que no iban a aceptar, que es la entrada de la extrema derecha. Y la extrema derecha lo ha demostrado con el propio vicepresidente de la Junta de Castilla y León [Juan García-Gallardo], que ya ha hecho varias manifestaciones en un sentido claramente contrario a esos valores que nos dan sentido como pueblo y como democracia, y a luchas que ya se han librado en pro de la defensa de los derechos de la mujer, de una sociedad más integrada, más plural, más diversa. Es todo lo contrario. 

Hay bastantes discursos que demuestran que se está produciendo una confrontación con los derechos humanos

¿Qué busca esto? La implosión. ¿Cómo? Llegando ya descaradamente al Gobierno. Lo está diciendo en la campaña electoral de Andalucía: no vamos a permitir que esto sea gratis. Hay una expansión de la extrema derecha, están en ese paso que hay del populismo al fascismo cada vez más evidente. El populismo y el fascismo caminan juntos hasta que llega un momento, que yo lo refiero en el libro, en que el populismo se queda quieto y se mueve dentro de los contornos democráticos. Con el culto al líder, buscando un cambio de sociedad contra el capitalismo como tal; y otros siguen avanzando y entran de lleno en el puro fascismo cuando atacan esos valores fundamentales. Una de las características de ese fascismo disfrazado es la confrontación que hacen frente a los derechos humanos. Es decir, fascismo y derechos humanos son incompatibles. Pues yo creo que hay bastantes discursos que demuestran que esa confrontación se está produciendo.

O sea, ¿no pone reparos en considerar que Vox es fascista?

Está en un punto de inflexión. Estamos en un momento clave. Yo lo que defiendo aquí es que no es todavía un partido completamente fascista, es un partido de extrema derecha, de ultraderecha, que tiene componentes clarísimos de fascismo y que está en el tránsito, en el punto de inflexión del tránsito que antes he mencionado de ese populismo ya al fascismo. Esto está exactamente en el núcleo del problema y es muy evidente, no solo en España. La acción que Vox está desarrollando en Latinoamérica también, a través del fenómeno de la estructura de la Iberosfera, o en Europa. 

Hay unos mecanismos claros. Yo me quedé impactado con la final de fútbol del Real Madrid contra el Liverpool, cuando, tras los problemas de seguridad que hubo, el europarlamentario [Jorge] Buxadé hizo unas declaraciones tremendas desde mi punto de vista, que yo no sé si la gente supo calibrar: hasta decir que Saint-Denis, el barrio donde está el estadio, es donde están los inmigrantes, donde está el lumpen, según él, y esto demuestra que la delincuencia se relaciona con esto, con lo otro, con la inmigración, con todas las desgracias que le ocurren al pueblo francés. Bueno, ¿cómo definimos esto? Para mí tiene un nombre, es puro fascismo. 

Usted propone en el libro que hemos llegado hasta aquí porque en ciertos lugares en España, como en la Justicia, el franquismo ha continuado de forma latente. 

Durante la Transición se tomaron varias decisiones que desembocaron en un cambio de sistema, de régimen. Pasamos a un sistema democrático, a la Constitución. La Constitución nunca fue el punto de llegada, es el punto de partida. Ese es un concepto que mucha gente no lo tiene claro. En otras estructuras, como la militar, hubo un punto de quiebre, pero en la Justicia no hubo ese antes y después. A nadie se le ocurrió decir: vamos todos a jurar o prometer la Constitución, porque todos los que habían entrado antes de esa fecha como jueces, magistrados, fiscales, funcionarios públicos… habían jurado las leyes fundamentales del Reino, y entre ellas la del Movimiento Nacional. No hubo nada. Es decir, hubo la Ley de Amnistía del 77, que se ha interpretado extensivamente, se aplicó a los terroristas y se aplicó también para los represores, para todos aquellos que habían participado en hechos criminales y que hasta el día de hoy siguen impunes. 

Tuvimos que esperar hasta 2008 a que a un juez se le ocurriera decir que vamos a investigar estos crímenes como crímenes de lesa humanidad. Y la respuesta fue: cerramos el caso de forma inmediata, le abrimos un procedimiento al juez, lo suspendemos y lo llevamos a juicio y que esto sirva de mensaje y lección, y que en el camino nuevamente se niega todo tipo de Justicia, sea retributiva, si es posible, es decir, penal, si es posible, pero si no de otro tipo, restaurativa. La resolución del Tribunal Supremo, la sentencia contra mí, pero sobre todo una resolución que la gente no conoce, que es un auto del 28 de marzo de 2012, donde el Supremo cierra definitivamente toda posibilidad de defensa de las víctimas, aunque alude a la defensa de las víctimas. ¿Por qué sucede esto? Pues, evidentemente, porque hay unos resabios que no han sido superados, una concepción de la Justicia que se une a un componente ultraconservador de esas estructuras judiciales.

¿En qué se traduce este sesgo conservador?

[Ignacio] Escolar junto con [Joaquim] Bosch lo definen muy bien en su libro. Yo cito una parte de ese libro en el mío en la que describen unas características que yo comparto, que se ve claramente que no ha habido esa regeneración. Eso no quiere decir que los jueces sean malos o muy buenos. Hay de todo, como en todas las profesiones, pero no me refiero a eso, me refiero a la concepción de la Justicia. Es una concepción vicaria, vertical, de arriba abajo, no igualitaria. Todavía la gente tiene miedo de ir a la Justicia, pero no creo que sea porque te vayan a meter en la cárcel, sino porque hay una especie de miedo reverencial que es consecuencia de esa concepción de la Justicia. 

¿Cómo se explica que en una sociedad progresista la composición de la judicatura sea un en un 80% o 90% conservadora o ultraconservadora?

¿Y por qué no generan esa confianza? Evidentemente, porque hay una concepción de la justicia que todavía se nutre de unos valores que están aparentemente superados, pero que no se consiguió aislar. ¿Cómo se puede explicar que siendo la sociedad española una sociedad mayoritariamente progresista, de centro izquierda, la composición de la judicatura, de jueces, juezas, fiscales, de todo el estamento judicial, sea de un 80% o 90% conservador o ultraconservador? Y eso se sabe a través de las asociaciones judiciales, que es el único parámetro para medir que tenemos. 

En los tiempos que corren, yo afirmo que no puede haber una interpretación conservadora del derecho, sino una necesariamente progresiva y progresista. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a unos riesgos y a unos desafíos que, desde el cambio climático a cualquier otra circunstancia de seguridad o inseguridad mundial, necesitan recetas que normalmente han rechazado las visiones conservadoras. Por ejemplo, la jurisdicción universal.

El sesgo conservador que comentaba, ¿cuánto tiene que ver con la politización de la Justicia?

Es un elemento más que también trato en el libro, que es el de la guerra jurídica, el lawfare. Aprovechar y utilizar el derecho en unas contiendas que no corresponde, por ejemplo, como arma jurídica para resolver conflictos políticos. Aquí se ha puesto de moda que esté permitido todo desde que decidieron que el Gobierno nacido de una moción de censura era un Gobierno ilegítimo. Cada decisión del Gobierno en el Parlamento es querellada, recurrida en el Tribunal Constitucional, denunciando a sus promotores, etc. Pero no porque crean que realmente es injusta, sino porque es un arma jurídica en contra del oponente y porque juegan y utilizan las instituciones. Es decir, utilizamos el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) que no renovamos porque el statu quo nos favorece. 

Llevamos casi el doble del mandato. Si seguimos así, van a ser diez años lo que van a estar. Ya van por ocho, ocho y pico. Es una barbaridad. Están ahí como en un nirvana, no hacen nada. Es un órgano que tiene unas competencias muy importantes y estamos sin hacer nada y lo único que se plantea en determinados sectores, incluidos algunos corporativos del poder de la judicatura, es que seamos los jueces los que los pongamos. Yo creo que hay problemas más graves, sobre todo si tienes un órgano como el Consejo General del Poder Judicial, que tiene unas competencias que van mucho más allá de lo que es la estricta corporación. Porque si el CGPJ fuera solo nombramientos, traslados, vacaciones, temas disciplinares, vale, que lo elijan los jueces, las juezas. No hay problema. Pero es que tiene competencias de política criminal, informa proyectos, hace cosas mucho más extensas que nos afectan a toda la ciudadanía. 

¿Por qué me voy a entregar yo en manos de la corporación judicial que responde a criterios corporativos? Tiene que ser el Parlamento, con las correcciones pertinentes, porque se ha comprobado que en algún momento se ha desnaturalizado con el sistema de cuotas y repartos. Pues corrijamos ese sistema, pero no lo entreguemos a alguien que no creo que vaya a ser el mejor porque se va a producir de nuevo la misma diferencia. Es decir, conservador, ultraconservador, progresista. No hay un equilibrio.

Es una utilización de las instituciones perversa que lleva a lo que yo denomino otro de los disfraces del fascismo, como es el hacer esas guerras jurídicas, y evidentemente se utilizan, aquí y en otros países.

En el libro relata su reunión con Lula da Silva en la celda de Curitiba, en Brasil. Su condena abonó el camino para la elección de Bolsonaro y ahora la Justicia le ha devuelto la razón. 

El caso de Lula no es que sea paradigmático, es impresionante. Un juez con unos fiscales, con unos medios determinados, con unos poderes financieros concretos, se coaligan todos para acabar con quien políticamente le perturba, que es Lula en ese momento, porque era acabar con el PT y Dilma Rousseff, a la que quitan del medio. Eso es puro fascismo. Y, además, para apoyar a un populista fascista como es [el presidente brasileño, Jair] Bolsonaro, que incorpora como ministro de Justicia y Seguridad al artífice de toda esta historia, el exjuez Sergio Moro. Y después las acusaciones contra él se han ido cayendo una detrás de otra. 

Él representa una posición frente a este tipo de populismo y de fascismo que te puede llevar por delante, es verdad, pero esto es lo que hay que hacer. Yo no me puedo comparar con Lula, ni quiero hacerlo, más que en amistad, pero pienso que los funcionarios y las autoridades judiciales, que es el caso que más conozco, porque me incluyo, somos servidores públicos, necesitamos prestar ese servicio público y si ello comporta un riesgo –te puedes equivocar, por supuesto que te puedes equivocar–, lo tienes que asumir. Y si no lo asumes, estás contribuyendo a ese mal desarrollo. 

Usted fue inhabilitado. Este verano un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU le dio la razón, 12 años después. ¿Se siente restituido?

Yo podría decir que desde el principio me sentí al margen de esa decisión judicial, de las decisiones judiciales de aquel entonces. Solo para mí se utilizó el procedimiento, porque el juez de Gürtel que me sustituyó, [Antonio] Pedreira, hizo no solo lo mismo que yo sino que fue más allá. Y no lo molestaron. Aquello fue un caso gravísimo de lawfare desde mi punto de vista. Sucedió. Yo dije lo que creía. En el juicio de Gürtel dije: me voy de aquí y no sé por qué se me está juzgando. Y es verdad. Si me dicen: es que se te juzga porque has ido más allá de donde debías, vale, entonces lo entiendo políticamente; jurídicamente, ni lo entendí ni lo entiendo. Yo en aquella época recibí muchos mensajes para decirme: si haces esto, esto se acaba; si haces aquello, va a ir mejor. Y yo dije que no. ¿Por qué? Si yo creo que no he hecho nada. Me he podido equivocar, lo asumo, pero hay mecanismos para corregir los errores judiciales.

¿Qué supone ahora que un organismo independiente de las Naciones Unidas, 18 miembros por unanimidad, decide que ha habido una sentencia arbitraria, parcial? A mí se me decía en la sentencia que yo había sido eso. Ahora el Comité de Derechos Humanos le dice al tribunal que ha dictado una sentencia parcial, arbitraria, falta de previsibilidad en la conducta penal. Es decir, lo que yo decía y afirmaba: no sé por qué me están juzgando. Tiene que haber un tipo penal, no vale el de prevaricación, resolución manifiestamente injusta. Y también habla de la ausencia de una instancia, que también se ha planteado. 

Quiero que se cumpla el dictamen, que es vinculante para el Estado español

De todos estos cuatro conceptos, hay parte que me afecta directamente en el sentido de que la reparación sería la restitución, el daño moral producido. Y luego hay otros dos que afectarían a toda la sociedad y a los jueces y fiscales en general, que es la modificación del Código Penal del delito de prevaricación judicial. Es decir, que se especifique cuándo se comete ese delito por jueces y fiscales, y de una instancia, quitarle el poder omnímodo que la Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene hoy día frente a todo. Establezca una segunda instancia como se ha establecido la segunda instancia en la Audiencia Nacional. No pasa nada. Así, todos aquellos aforados que vayan a la Sala Segunda del Tribunal tienen un juicio y una apelación. 

¿Me siento reparado? Sí. ¿Quiero volver? Quiero que se cumpla el dictamen, que es vinculante para el Estado español. No quiero que se toque la sentencia porque la sentencia es la que es y ya está. Pero el dictamen es vinculante y lo que el Gobierno tiene que hacer como representante del Estado es poner los mecanismos para que se cumpla, que no lo ha hecho, diez meses después.

¿Sabe por qué?

Pues no lo sé. No sé si es porque no sabe cómo hacerlo, porque es muy fuerte enfrentarse al Tribunal Supremo, que no es un juez de pueblo, porque no le apetece o no sé, pero hay un dictamen desde el 25 de agosto, cuando nos notificaron. Estamos a 7 de junio. Nos dijeron solamente, cuando mi abogada reclamaba el cumplimiento, que ella no acreditaba mi representación. Después de haber estado litigando casi cuatro años con el Gobierno español la misma abogada reconocida en la representación, que digan esto es un poco kafkiano, pero bueno, de todas formas insistimos. Esperaremos, y si no, tendremos que acudir a la vía jurisdiccional, tanto al Comité como a la jurisdicción española, a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, para pedir que se cumpla.