La jueza manda al banquillo a seis acusados por el espionaje político del PP de Madrid
La jueza Carmen Valcárce ha dictado este viernes auto de apertura de juicio oral contra seis acusados por el espionaje político del PP de Madrid. Casi una década después de que se destapara el caso y tras varios archivos de la causa, se juzgarán los seguimientos a los rivales políticos de Esperanza Aguirre pagados con dinero público.
A los seis acusados se les juzgará por un delito de malversación, según el auto adelantado por la cadena SER y al que ha tenido acceso eldiario.es. Se trata de cinco guardias civiles -José Luis Caro, Antonio Coronado y José Oreja; a los policías nacionales Sergio Gamón y Miguel Castaño- y un extrabajador del gobierno regional.
A pesar de que la Fiscalía no ve delito, la jueza señala en su escrito que “durante los meses de marzo, abril y mayo de 2008, los acusados, funcionarios públicos, que prestaban sus servicios en la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid, con el fin de seguir a terceras personas, lo que no tenían encomendado, utilizaron medios públicos que tenían asignados por la Comunidad para el ejercicio de sus cargos, generando gastos indebidos”.
Esa actividad “no estaba dentro de su trabajo”, lo hicieron durante su jornada laboral y usaron coches y teléfonos que la Comunidad de Madrid ponía a su disposición para el ejercicio de su cargo.
La Comunidad de Madrid admitió el espionaje
El pasado mes de noviembre, el Gobierno de la Comunidad de Madrid admitió el espionaje político durante el mandato de Esperanza Aguirre y que las vigilancias a sus enemigos internos del PP se hicieron utilizando fondos de la Administración. Así consta en el escrito que el letrado que representa al gobierno regional remitió al juzgado.
En aquel documento de siete páginas, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid daban por hecho que entre marzo y mayo de 2008 –cuando Aguirre presidía el Gobierno regional– “se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Administración Regional que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les competía con ocasión de sus cargos”.
La tesis del actual Gobierno de Madrid es que “los teléfonos móviles corporativos y los vehículos oficiales” que la Administración puso en manos de estos trabajadores públicos “no fueron aplicados lealmente y con ocasión de sus leales funciones por los acusados”.
Junto a los cargos de seguridad de Aguirre, el Ejecutivo de Cifuentes también acusó a tres guardias civiles y a otro funcionario público, que “cumplieron las órdenes dadas por su superior desvirtuando así el legítimo uso” de los teléfonos y vehículos de la Comunidad de Madrid.
