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Borrell pide a Hacienda contratar a 150 personas para los consulados y subir sueldos, congelados desde hace 10 años
En una comparecencia ante la Comisión de exteriores del Senado, ha asegurado que “si hay que invertir en algo en exteriores es en una mejora de los servicios consulares” y que esa será su primera “prioridad logística”. Los consulados, ha dicho, están “saturados” y no pueden ofrecer “el mejor servicio en las mejores condiciones”.
El motivo es que los residentes españoles en el extranjero han aumentado “de manera increíble” en los últimos años, pasando de un millón a casi tres millones registrados en las oficinas, sin que la capacidad operativa de éstas se haya multiplicado por tres. El año pasado, ha dicho, las oficinas expidieron 300.000 pasaportes e hicieron casi 100.000 inscripciones en el registro civil. Además, cada año expiden unos dos millones de visados para estudiantes, trabajadores y turistas.
De hecho, ha apuntado que su propuesta de contratar más trabajadores y elevar sus retribuciones pueda financiarse con cargo a los ingresos que genera la emisión de visados. En 2017, según datos oficiales de Exteriores recogidos por Europa Press, la emisión de visados generó ingresos por 80 millones de euros.
El aumento de las retribuciones es una reivindicación que han planteado los sindicatos representativos del personal laboral en el exterior, que avisan de que los sueldos están congelados desde 2009. El personal ha llegado a ir a la huelga en lugares como Argentina, donde la inflación ha hecho caer drásticamente el poder adquisitivo de estos trabajadores, o Australia, donde Exteriores ha tenido que tomar medidas expresas año a año para que los trabajadores no quedasen por debajo del salario mínimo del país.
PROPUESTA PARA EL VOTO ROGADO
Por otro lado, ha insistido en su empeño de que antes de las próximas elecciones autonómicas pueda reformarse la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para poner fin al “escándalo” de que en las últimas elecciones generales votase apenas un 5 por ciento del censo electoral en el exterior.
De hecho, ha avanzado que el Ministerio tiene un “principio de propuesta” para intentar que 2,5 millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto “sin perder el necesario control para evitar fraudes”.
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